El PSOE de Benidorm facturó a empresas gastos por 39.000 euros
La investigación indaga en los opinómetros pagados con el Plan E de Zapatero
La posible financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc Nacionalista Valencià (el partido mayoritario dentro de la coalición Compromís) durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 que investiga la justicia cuenta con diversos «puntos calientes». Uno de ellos es la localidad alicantina de Benidorm, donde los socialistas habrían facturado gastos de campaña a terceras empresas.
Los documentos que analizan los tribunales –y a los que ha tenido acceso ABC– apuntan a pagos en B por un total de 39.318 euros que habrían sido asumidos por Hospimar S.L., y Quick Meals Ibérica S.A. Material publicitario promocional, vallas o merchandising son algunos de los conceptos que figuran en los papeles. También se incluyen las fotografías a diversos candidatos socialistas: Joan Ignasi Pla, quien aspiraba a la Generalitat; Agustín Navarro, quien se presentaba para la alcaldía de Benidorm; y Etelvina Andreu, quien lo hacía en Alicante. Esta última fue nombrada, tras su derrota, directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria.
De su etapa en el puesto –cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno– se investigan en juzgados de Madrid varios contratos a Crespo Gomar, la agencia que se habría hecho cargo de los actos de campaña del PSPV-PSOE –pagados por otras empresas– y que la Policía considera el centro de este entramado.
Servicios sanitarios
Hospimar se dedica a actividades sanitarias y de servicios sociales y es la cabecera del grupo hospitalario Imed, con centros en diferentes ciudades como Valencia, Elche o Benidorm. Según figura en los documentos, habría aportado a los socialistas 32.358 euros para gastos electorales .
Durante esa época, como en la actualidad, la dirige Ángel Gómez Navarro. En 2008 la sociedad pasó de tener un administrador único a un consejo de administración al que pertenecieron hasta 2014 José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri (quien fue presidente), dos empresarios de Benidorm propietarios del grupo hotelero Mar Confort. Ambos fueron encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal, pero salieron de la cárcel al pagar una fianza de siete millones cada uno. Eran socios de la CAM a través de la sociedad Valfensal y se les investiga en la Audiencia Nacional por las operaciones hoteleras en el Caribe tras obtener de la entidad 380 millones de euros.
Por su parte, Quick Meals se presenta como el mayor franquiciador de la compañía Burguer King en España. Su donación, según las facturas, habría sido de 6.960 euros en concepto de «creatividad de campaña» .
La investigación judicial también se centra en unos contratos muy determinados: los de los «opinómetros» instalados en Benidorm y en Gandia, unos dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del Plan E de Zapatero. En el caso de Benidorm, se produjo en 2009, con Agustín Navarro ya como alcalde –gracias a una moción de censura al primer edil popular en la que participó la madre de Leire Pajín– y en ellos se gastó casi 300.000 euros por 19 máquinas. La adjudicación fue a parar a Opino Media, una empresa dirigida por José Ramón Tiller, quien también trabajó para Crespo Gomar. Fue tras su llegada cuando comenzó a ser adjudicataria de los contratos del Gobierno de Zapatero bajo sospecha.
Tiller fue, además, asesor del expresidente de la Generalitat Joan Lerma y jefe de gabinete del exalcalde de Gandia José Manuel Orengo (ahora asesor del jefe del Consell, Ximo Puig). En la actualidad sigue desempeñando un puesto en Egevasa, sociedad mixta participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por el grupo Aguas de Valencia.
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