El juez de la Púnica ve indicios de delito del presidente de Murcia por amañar contratos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco aprecia indicios de delito del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, por sus vínculos con la trama de corrupción Púnica. El magistrado le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por concertarse con el empresario Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación cuando Sánchez era consejero de Educación en Murcia. También le acusa de pagar trabajos de reputación privada con dinero público.

El juez no puede, sin embargo, imputarle por su condición de aforado. Velasco señala que debe comprobar su condición de presidente de Murcia para elevar la «oportuna exposición razonada» al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el órgano encargado de investigarle y juzgarle.

En este trámite el magistrado expondrá los indicios contra él y pedirá que le imputen, aunque antes puede ofrecerle a declarar voluntariamente.

En el mismo auto, el magistrado, que ha acotado la investigación de las actividades de la red de corrupción local y regional en Murcia, también dirige el procedimiento contra la senadora del PP y antigua alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, a quien debe investigar y en su caso juzgar el Tribunal Supremo. El juez le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada también por concertarse con De Pedro para amañar adjudicaciones.

Según la tesis del juez, el actual presidente de Murcia amañó contratos de formación desde su cargo de consejero de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares para mejorar su reputación en internet y en las redes sociales de cara a su candidatura para ser el presidente de Murcia, algo que logró. El empresario De Pedro, especialista en trabajos de reputación online, es considerado uno de los conseguidores de la trama de corrupción y prestó sus servicios a muchos políticos e investigados en este proceso. Muchos utilizaron fondos públicos desde sus cargos para sufragar estos trabajos.

A la senadora Barreiro el juez también le atribuye la creación de un diario digital en Cartagena, la ciudad de la que fue alcaldesa, para emitir informaciones favorables y partidistas que ensalzasen su figura. Su creación y los honorarios del periodista al que le encomendaron la tarea fueron pagados, según el magistrado, con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena.

Velasco dirige el procedimiento contra 22 personas en esta pieza separada sobre las actividades de la Púnica en Murcia. El juez acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, que posteriormente elevó a catorce, para agilizar la investigación. Con este auto el juez acota la tercera de estas piezas (la primera fue la del chivatazo de un guardia civil al principal acusado, Francisco Granados, pendiente de fecha de juicio; y la segunda la de León) con toda la documentación y delimita las personas contra las que se dirige, entre ellos el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otros.

El juez considera que los hechos enmarcados en este pieza constituyen los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. Esta rama de corrupción, destapada en octubre de 2014, reveló una tela de araña que se extendió por Madrid, León, Murcia, entre otras regiones de España.