Historia autonómica: del «acelerón» tras el 23-F a los calendarios de vacuna diferentes

Tras el golpe de Estado del 23-F de 1981, que los sublevados «justificaron» en el caos y el peligro de desintegración de España por las incipientes autonomías catalana y vasca (1979), y también andaluza (1980), el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) encarga a una comisión de expertos dirigida por el jurista Eduardo García de Enterría ordenar la situación. Y el 31 de julio de 1981 Calvo-Sotelo y el entonces líder de la oposición, Felipe González, plasman las conclusiones de dicho informe en los primeros pactos autonómicos, cuyo primer fruto es la aprobación, el 30 de julio de 1982, de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa).

Acuerdan un mapa autonómico de 17 comunidades y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla

. Los procesos irán por la vía del artículo 143, para otorgar a las comunidades un nivel de competencias inferior al conseguido por Cataluña y el País Vasco en 1979 y Galicia en 1981 por la vía del artículo 151. Navarra, Canarias y Valencia siguieron procesos específicos y alcanzaron desde el primer momento la plena autonomía. La transferencia de competencias se realizaría progresivamente según la capacidad de cada comunidad hasta la equiparación. Pero los nacionalistas recurren la Loapa ante el Tribunal Constitucional, por considerar que los estatutos -textos de rango constitucional- no podían estar limitados por una ley estatal, y el TC les da la razón. El parón consiguiente hace que la Ley de Proceso Autonómico no vea la luz hasta el 14 de octubre de 1983.

Comienza entonces una fase de traspaso de competencias y de los gastos asociados a su gestión marcada por continuos conflictos a lo largo de 35 años. Antes de que acabase ese año todas las autonomías habían adoptado sus propios estatutos y habían celebrado sus primeras elecciones; de tal suerte que, entre 1981 y 1984, la Administración estatal transfirió 486 funciones y servicios a las regiones, según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El año 1985 fue el más conflictivo: el Constitucional tuvo que resolver hasta 131 contenciosos de competencia.

El segundo gran pacto

La década de los 80 estuvo marcada por la reticencia del Gobierno central a transferir algunas competencias: el modelo parecía condenado a las «dos velocidades» hasta que, en 1992, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar, firman el segundo gran pacto autonómico. Fijó el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluida la de Educación, en un intento de igualar a las comunidades de «vía lenta» con las «históricas». Eso suponía que las autonomías absorbieran 240.000 funcionarios de la Administración central. El Estado traspasará un billón de pesetas a las comunidades de vía lenta. La asunción de las 32 nuevas competencias supondrá el trasvase de un billón de pesetas. A partir de ese momento, dispondrán de más funcionarios que la Administración central, momento en que comienzan los «reinos de Taifa» con regulaciones diferentes en cada una de las 17 comunidades, a veces contradictorias entre sí, como el célebre ejemplo del calendario de vacunación infantil o los distintos permisos de caza necesarios en cotos situados en dos comunidades autónomas. En época de bonanza todo fue tolerado, pero a partir de 2010, con el recorte en la financiación, es un clamor la racionalización de competencias.

DIEZ IDEAS PARA MEJORAR

Sustituir conflicto por cooperación

Durante décadas, los gobiernos nacionalistas han hecho del conflicto con «Madrid» su eje político, y ha terminado por cundir el ejemplo. Urge cambiar esa visión por la de una colaboración útil al ciudadano.

Fin a las diferencias de financiación

Con cifras de 2011, la brecha entre las comunidades forales y el resto era de 2.000 euros. Mientras que el País Vasco y Navarra disponen de 3.500 euros per cápita, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay solo 1.800 euros.

Medicina «estatal»

No es posible que un niño sea vacunado en función de dónde viva. Los virus no entienden de fronteras.

Mínimo currículum escolar «español»

A excepción de Cataluña, País Vascos, Galicia y Andalucía, las identidades locales se han ido reforzando mediante los libros de texto.

Contratos comunes

El mejor ejemplo son los medicamentos. Durante estas tres décadas, los 17 sistemas sanitarios, por ejemplo, han sido un gran negocio para la industria farmacéutica.

Descentralización hacia lo local

Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados en estos 30 años, pese a que han asumido multitud de competencias «impropias», esto es, servicios que no prestaban ni Estado ni autonomía y que han acabado con las finanzas municipales.

Senado, Cámara territorial de verdad

La Constitución lo creó como una cámara de «segunda lectura» legislativa. Su reforma pasa por convertir el Senado en foro de cooperación autonómica y Cámara de «primera lectura» de leyes territoriales.

Adelgazar la estructura funcionarial

El 20% de los asalariados son funcionarios en España, pero con las autonomías se disparó la creación de empleo público, llegando a casos como Extremadura, 33% del total.

No al «de todo» para las 17 comunidades

En un tiempo no tan lejano España tuvo 50 aeropuertos para una superficie como Texas en EE.UU; y el AVE tenía que parar en todas las capitales, que rivalizaban por poseer una estación diseñada por el arquitecto más famoso.

Impulso al I+D

Un aspecto en que la competencia interna es beneficioso para el mercado y para fomentar la movilidad geográfica entre autonomías.