El Gobierno trató de evitar la división del TC por el voto de Comín
En el Constitucional hay quien considera que la situación de los huidos ha cambiado
El Gobierno de Mariano Rajoy quiso evitar a toda costa el riesgo de presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional contra el voto delegado de Antoni Comín , y que fuera rechazado. Era un precio que La Moncloa no estaba dispuesta a pagar bajo ningún concepto, según fuentes del entorno del presidente. «El Gobierno ha ganado siempre todos los recursos que ha presentado ante el TC», recuerdan. Esa ha sido una clave fundamental para derrotar a los independentistas y dejar sin oxígeno su discurso, según explican en La Moncloa.
El Gobierno cree que una derrota en el TC habría sido una «catástrofe» , lo mismo que propiciar la imagen de un Tribunal «dividido», ya que hasta ahora sus decisiones cruciales contra los golpistas se han tomado siempre por unanimidad. La Moncloa pretendía, además, quitar «presión» al TC.
En el entorno de Rajoy insisten en que las dudas jurídicas que tenían al respecto han sido el motivo principal que ha llevado a Presidencia a dejar en manos de los partidos catalanes la presentación de un recurso ante el TC. En el Congreso, sin embargo, se relacionó directamente con el «gesto» que esperaba el PNV por parte del Gobierno para aprobar los Presupuestos.
El debate en el TC no parece que vaya a ser una cuestión pacífica. Así como hay magistrados que consideran que la prohibición de que los huidos deleguen el voto sigue vigente, otros magistrados entienden que las circunstancias de los prófugos han cambiado respecto a las que motivaron esa prohibición el pasado 27 de enero. Así, mientras en esa fecha estaban fugados, en rebeldía, ahora están sujetos a la euroorden, en libertad provisional con medidas cautelares que les prohíben abandonar Alemania (Puigdemont) y Bélgica (Comín). La posible división de los magistrados o, lo que sería peor, una unanimidad rechazando la impugnación del Ejecutivo (es decir, avalando el voto delegado) es un precio que el Ejecutivo no está dispuesto a pagar.
Por otra parte fuentes del Gobierno recuerdan que aunque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena diferenció a los procesados presos en España de los huidos cuando declaró la incapacidad legal de los primeros (facilitándoles la delegación del voto), dejó claro que se trataba de una cuestión que correspondía a la Mesa del Parlament. Esta, a su vez, está sujeta a un Reglamento en el que los casos en los que se permite esa delegación están tasados: baja de maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas. Es a este último supuesto al que se aferran los huidos.
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