El Gobierno evita recurrir la parte esencial de la ley catalana de pobreza energética

El deshielo en las relaciones entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña continúa a buen ritmo. Este viernes, el Consejo de Ministros ha tomado una decisión muy significativa, como es la de no recurrir ante el Tribunal Constitucional la parte esencial, nuclear, de una ley a la que se da una importancia vital en Cataluña: la llamada ley de pobreza energética.

Un día después de la reunión que mantuvieron Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras en el despacho de la vicepresidenta en La Moncloa, el Gobierno analizó la posible interposición del recurso de inconstitucionalidad, pero con el dictamen del Consejo de Estado en la mano optó por reducir el recurso a puntos muy concretos formales y procesales, pero no del contenido mollar de la ley.

Los artículos de la ley de Cataluña 24/2015, la conocida como ley contra la pobreza energética, que son objeto de recurso son los que vulneran competencias exclusivas del Estado, y se centran en aspectos procesales y civiles, como la transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda que afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad, y otros artículos con un contenido meramente formal.

Pero el artículo 6 de la ley, donde se regulan las medidas para evitar la pobreza energética, no es objeto de recurso de inconstitucionalidad. Y tampoco lo es el artículo 5.5, otro de los fundamentales, donde se establece que «las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que no puedan afrontar el pago de alquiler de vivienda habitual tienen derecho a disfrutar de ayudas que eviten el lanzamiento».

La vicepresidenta del Gobierno en funciones defendió que el Ejecutivo se ha basado en criterios exclusivamente constitucionales y competenciales, a la hora de interponer un recurso contra una parte concreta de esa ley, y no por criterios políticos.

En cuanto acabó la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo autonómico catalán estuvo informado por parte de Moncloa de la decisión tomada, según fuentes del Gobierno.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha criticado a quienes quieren ver intencionalidad política en el hecho de presentar un recurso o no ante el TC. «Me resulta asombroso escuchar estas cosas. ¿Qué me están diciendo? ¿Que prevariquemos respecto de lo que dicen y advierten los servicios (jurídicos y Consejo de Estado)?», ha preguntado.