El Gobierno asume que Puigdemont dilatará al máximo su entrega a España
Méndez de Vigo subraya que el expresidente catalán no ha admitido la euroorden, lo que podría demorar 90 días su regreso
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo , ha admitido este martes que en el seno del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy dan por hecho que Carles Puigdemont , expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña actualmente en prisión en Alemania , apurará todos los plazos legales que tenga en su mano antes de ser entregado a España por parte de las autoridades germanas. «Si admite la entrega, se puede hacer en diez días; pero si no lo hace, y Puigdemont no lo ha hecho, la euroorden establece un plazo de 60 días prorrogables en otros 30 días ». De esta forma la ejecución de la orden europea contra el «expresident» se dilataría 90 días.
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«Alemania fue el país que, en 2015, más entregas de este tipo realizó», contextualizó Méndez de Vigo, quien cuantificó en 1.610 la cifra de prófugos devueltos por el país germano a aquellos socios europeos que emitieron una orden de búsqueda contra algún prófugo en aquel año. De igual modo, el ministro portavoz desmarcó la detención de Puigdemont en Alemania de cualquier decisión política. «La situación de Puigdemont está exclusivamente en manos de la Justicia», aseguró Méndez de Vigo en su intervención posterior al Consejo de Ministros previo a las vacaciones de Semana Santa que, esta mañana, ha sido presidido por el propio Rajoy.
En manos de los jueces
Méndez de Vigo ha destacado, en este sentido, que la figura de la orden europea de entrega facilita que «la decisión se tome entre autoridades judiciales sin intervención de los Gobiernos» y en eso está la Justicia alemana que ahora dispone de un plazo inicial de 60 días para transmitir su dictamen a la española.
A lo largo de este tiempo, es previsible que la defensa de Puigdemont -encabezada por el abogado de etarras belga Paul Beckaert- haga todo lo posible para convencer a los jueces alemanes de que el procesamiento de su cliente es desproporcionado y evitar su entrega a España. «Las personas procesadas no están siendo investigadas o condenadas por sus ideas, sino por sus graves actuaciones contrarias estado de derecho», insistió el portavoz del Gobierno, quien también recordó al propio Puigdemont y al resto de procesados -y en algunos casos encarcelados- que «ahora no pueden presentarse como víctimas de una situación que ya conocían »: «Fueron advertidos de forma reiterada de que sus actuaciones eran delictivas y podían tener consecuencias en los tribunales».
