La gestión de la inmigración marcará el futuro de España

España tiene un problema demográfico severo, con un envejecimiento y disminución de población notable, hasta el punto de que sin la población inmigrante sería inviable garantizar nuestras pensiones a medio plazo y un progreso económico adecuado que permita la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. La inmigración, por tanto, no es solo un fenómeno inevitable por las enormes diferencias económicas, sociales y políticas entre las distintas zonas del mundo, sino que resulta imprescindible para nuestra propia supervivencia. El reto, pues, es gestionar bien los flujos migratorios para evitar los efectos perniciosos de unos movimientos masivos e incontrolados de población provocados por distintas causas, ya sean económicas o por causa de conflictos bélicos como los ocurridos últimamente a las puertas de Europa.

España vivió hasta el comienzo de la crisis un aumento exponencial de la población inmigrante que acudía a nuestro país al calor de un crecimiento económico notable. Su presencia, que provocó algunos problemas sociales, fue clave para ese rápido desarrollo económico, hasta el punto de que un estudio de La Caixa elaborado en 2011 precisaba que el 30 por ciento del PIB en los 20 años anteriores había sido «consecuencia directa» de la llegada de estas personas.

Saldo fiscal

Muy recientemente, la OCDE señalaba que el saldo fiscal de la inmigración (la diferencia entre lo que aportan y lo que reciben) ofrece un resultado positivo del 0,5 por ciento, lo que choca frontalmente con la creencia de mucha gente de que los inmigrantes reciben más de lo que aportan.

Hay más datos que echan por tierra esa corriente de opinión: ha sido la población inmigrante, y con mucha diferencia, la que ha sufrido con más intensidad los efectos de la crisis, pues una gran parte ocupaba los puestos de trabajo menos cualificados, especialmente en el sector de la contrucción. Prueba de ello es que el mayor descenso de población que se vivió en esta etapa de dificultades económicas fue por la salida de los inmigrantes que regresaron a su país porque aquí ya no tenían un futuro, una tendencia que cambió el pasado año, cuando la inmigración volvió a aumentar en un 9,4 por ciento (ver gráfico).

A pesar de los datos, los estereotipos sobre la continúan asentados en la opinión pública española. No es cierto, como se ha dicho, que los extranjeros quiten el trabajo ante los nacionales, y de hecho el empleo crece más entre nuestros compatriotas; tampoco es verdad que colapsen la sanidad, porque lo cierto es que acuden menos a los centros sanitarios que los nacionales; ni siquiera reciben más subvenciones, ni por supuesto son los principales responsables de la criminalidad, pues ­solo cometen 3 de cada 7 delitos que se producen...

La radiografía real de la inmigración en España se aleja por tanto de esas ideas preconcebidas y repetidas como un mantra por un cierto sector de la sociedad. Sin embargo, sería ridículo pensar que no hay problemas serios que requieren medidas de fondo y que afectan en buena medida a la integración del inmigrante.

Aprender de la experiencia

En este aspecto es esencial aprender de las lecciones de países de nuestro entorno y con más experencia en la gestión de la inmigración. Francia, por ejemplo, ha sufrido en el pasado auténticos estallidos sociales protagonizados por las segundas y terceras generaciones de inmigrantes que ven con indignación cómo muchas veces no acceden a los mismos niveles de riqueza que la población de acogida. En este campo es decisiva la política educativa, que debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos.

La convivencia es igualmente otro de los puntos críticos. Al lógico respeto por las creencias y costumbres de cada uno debe seguir la exigencia de la asunción de los valores democráticos de nuestro Estado de Derecho. Eso es incompatible con la creación de guetos en los que se recrean los modos de vida de los países de origen, en donde a veces no se respetan derechos elementales como puede ser el de la plena igualdad entre hombre y mujer.

El reto que se plantea es decisivo para el futuro de nuestro país y por ello clave que las fuerzas políticas estén a la altura de las circunstancias.