Garzón propone que los salarios más altos no superen diez veces los sueldos más bajos

El candidato de Izquierda Unida y de Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, quiere impedir por ley que los salarios más altos dentro de una misma empresa superen diez veces los más bajos, para reducir así la desigualdad creciente en España.

Es una de las propuestas presentadas este miércoles por Garzón dentro de un bloque de medidas para recuperar derechos laborales «dinamitados» por las reformas de 2010 y 2012, cuya derogación es el punto de partida por considerarlas «punta de lanza» de la precarización del empleo, del empobrecimiento de las clases populares y de la construcción de un orden social «regresivo» y «lesivo» para ese colectivo.

Dado que la misma legislación laboral arroja porcentajes muy diferentes de desempleo en unas zonas y en otras, Garzón alerta de que las medidas deben ir incardinadas en un cambio del modelo productivo.

El candidato ya presentó la semana anterior su propuesta de «plan de emergencia social», que incluye la propuesta de financiación, con una reforma fiscal que permitiría recaudar hasta 62.000 millones de euros y dedicar a esas medidas unos 55.000. Entre ellos, unos 10.000 a crear un millón de empleos con salarios de entre 900 y 1.200 euros.

Sus propuestas fiscales incluyen la equiparación de las rentas del trabajo y las del capital, la subida al 50% del tipo máximo del IRPF y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal sobre todo en las grandes corporaciones y fortunas. Todo ello para que el 1% más rico de la población haga un mayor esfuerzo en beneficio de la mayoría social.

Garzón propone también una subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.176 euros en 2019, que combinado con el límite de brecha salarial conduciría a una mejora generalizada de los salarios y a una mejor redistribución de los beneficios empresariales, además de estimular la economía.

Propone, asimismo, recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente y que todo despido tenga que tener causa, lo cual es «vital» para evitar abusos, sobre todo en grandes empresas. En ese sentido, juzgó «intolerable» que empresas con grandes beneficios puedan acometer despidos colectivos.