Las claves de la confesión de Macià Alavedra, el hombre que pudo ser Artur Mas

Dos antiguos escuderos de Jordi Pujol utilizaron su influencia política para cobrar comisiones ilegales en operaciones urbanísticas, según reconoció ayer uno de ellos, el exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, en el juicio a la trama Pretoria.

Alavedra, de 83 años, reconoció los hechos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción, quien rebajará al final de la vista oral su petición de cárcel para él y evitará su ingreso en prisión. La fiscal del caso, Ana Cuenca, solicitaba seis años y diez meses de cárcel para el acusado, pero ayer anunció que sustituirá esa solicitud por una que no supere los dos años si el consejero de la Generalitat entre 1990 y 1997, que puede dejar de asistir al juicio, abona una multa de 10,3 millones de euros, un pago previsible tras su declaración.

La confesión de Alavedra, que también implica al ex alto cargo de la antigua Convergència Lluís Prenafeta, supone admitir que ambos presionaron a cargos públicos para influir en adjudicaciones públicas a favor de las empresas de la trama, dirigida por el exdiputado autonónomico del PSC Luis Andrés García, «Luigi». A cambio, los dos acusados -que comparten abogado a pesar de sus en apariencia opuestas estrategias- cobraron comisiones del cuatro por ciento.

Las graves acusaciones de corrupción admitidas por Alavedra son especialmente relevante, debido a su peso en la política catalana durante el «pujolismo». El exconsejero pudo suceder a Jordi Pujol como líder de la antigua Convergència y candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Así lo reconoció en sus memorias el propio Pujol, quien al final sustituyó a Alavedra por un menos conocido Artur Mas como consejero de Economía y, más adelante, su sucesor al frente del nacionalismo catalán. Hombre fuerte del «pujolismo», Alavedra fue consejero de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997, pero terminó acorralado por las causas judiciales.

Alavedra y Prenafeta, dos políticos poderosos durante los 23 años en los que Jordi Pujol gobernó Cataluña, se implicaron en corromper, en concreto, las operaciones urbanísticas de San Andrés de Llavaneras y Badalona. Su labor consistía en encontrar compradores para los terrenos recalificados. Estas son las claves de su declaración de ayer:

La difícil defensa de Lluís Prenafeta

La confesión de Alavedra -que admitió el cobro de comisiones ilegales por mediar en adjudicaciones públicas- complica la defensa de su antiguo colega Lluís Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, a quien implicó y que se enfrenta a seis años y diez meses de prisión. Comparten abogado.

Pacto condicionado a una multa

Alavedra aceptó el relato de hechos y las acusaciones de la Fiscalía a cambio de obtener una rebaja en la petición de cárcel que evitará su entrada en prisión. La fiscal consigue así apuntalar sus acusaciones y solo aceptará el acuerdo si Alavedra paga la multa solicitada, superior a 10 millones.

Los testaferros admiten blanqueo

El reconocimiento de los hechos por parte de Alavedra también tiene que ver con la confesión de sus dos testaferros: Gloria Torres y Philip McMahan Bolich, que admitieron que le ayudaron a blanquear sus ganancias ilícitas, con un entramado que llegó a paraísos fiscales. Estaba cercado.

Trama liderada por un excargo del PSC

El relato de hechos de la Fiscalía, reconocido por Alavedra, describe una trama corrupta que anidó en tres ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona entre 2001 y 2009. La red liderada por el exdiputado autonómico del PSC Luis Andrés García llegó a dirigir las decisiones de los consistorios.