Cataluña, 40 años de política convertida en ambición personal

«Si no rectifica rápidamente su conducta, llegará un día que Cataluña tendrá de él una imagen muy diferente, completamente diferente, de la que representó muchos años». Pero Jordi Pujol nunca rectificó. Estas palabras, escritas hace casi cuarenta años por Josep Tarradellas, resultan hoy visionarias. Se ha escrito mucho sobre la rivalidad de ambos políticos, labrada en el exilio. Lobo independentista disfrazado de cordero nacionalista, el primero. Catalanista no separatista, el segundo. Los convulsos años de la restauración democrática relegaron esos enfrentamientos a pequeñas rencillas, pues por encima de todo se situaba la recuperación de las instituciones catalanas. Y en esa tarea se embarcarían todos los partidos políticos de la Transición. El resultado fue la aprobación de la Constitución española, marco protector de los gobiernos autonómicos.

La historia demostraría que el objetivo de Pujol era, efectivamente, como aseguró aquella mañana del 22 de abril de 1980 durante su discurso de investidura como presidente de la Generalitat, construir Cataluña. Pero con la finalidad de ponerla al servicio de una ambición personal y de una «ideología sectaria», como advirtió el propio Tarradellas, receloso de aquel banquero metido a político, a quien nunca le salieron las cuentas, pues estas estaban ocultas en Andorra. Eso lo hemos sabido ahora, tras su bochornosa confesión, después de cuatro décadas de absolutismo soberanista.

Con Pujol haría fortuna la máxima «Cataluña soy yo», porque el Estado vendría después de la mano de sus hijos políticos, cuya timidez independentista ha dado paso a una explícita apuesta por la desobediencia, la ruptura y el desacato, como este lunes se podrá comprobar en el Parlamento catalán. Todavía hay patriotas que ven en las investigaciones judiciales por corrupción que afectan a Convergència, o en todo aquello que se sale del guión secesionista establecido, un ataque a Cataluña. Pujol logró mayorías absolutas y, cuando no las tenía, pactaba con los gobiernos del PSOE o el PP. Hablar catalán en la intimidad estaba bien visto porque era el idioma de «ese hombre de Estado» al que se podía perdonar su política de inmersión lingüística, su adoctrinamiento nacionalista a través de TV3 y sus ínfulas internacionales. E incluso otorgarle competencias tan importantes como tráfico o la gestión del puerto de Barcelona.

Llegó la hora del relevo. Y Cataluña habría vivido realmente un cambio si tras las elecciones de 2003 el socialista Pasqual Maragall no hubiera pactado con ERC e ICV. No le quedaba otra, si quería apartar a CiU de la Generalitat, pero la servidumbre soberanista de Maragall embarcó a Cataluña en una reforma estatutaria de máximos que nadie necesitaba y que dio lugar a una de las imágenes más extrañas de la política española: la del presidente José Luis Rodríguez Zapatero pactando el texto con Artur Mas, entonces jefe de la oposición tras recoger el testigo de Pujol. El proceso culminaría en 2010 con el presidente José Montilla, artífice de un segundo tripartito, rodeado de banderas independentistas en una protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que recortó el Estatut.

Solo han pasado cinco años, pero parece que ha transcurrido una eternidad desde que la Generalitat se sentaba a negociar con el Gobierno los traspasos de competencias o la financiación autonómica. Artur Mas, investido ya presidente, rompió su relación con Mariano Rajoy tras el fallido intento de lograr un pacto fiscal para Cataluña. O todo o nada. Dos adelantos electorales, un doble pacto con ERC y una consulta secesionista después, Mas dice estar dispuesto a desobedecer al TC, a romper con España y entregarse a la CUP, una formación antisistema favorable a la salida de la Unión Europea, la nacionalización de la banca y la colectivización de la propiedad privada. Sin embargo, el líder convergente quiere dar este salto moral con red, porque todavía cuenta con las ayudas del Estado -Fondo de Liquidez Autonómico- y ha presentado tres recursos ante el Constitucional en las últimas dos semanas.