Chaves acusa al juez que le ha imputado de «desconocer por completo» el proceso legislativo

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que ha renunciado este lunes a su escaño como diputado,asegura que el juez que le ha imputado formalmente por el caso ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, «desconoce por completo» el procedimiento legislativo. Así lo señala en el escrito de alegaciones que su defensa ha presentado esta mañana ante el Tribunal Supremo contra la decisión del instructor de solicitar el suplicatorio del diputado a las Cortes. Gaspar Zarrías, que ya anunció su recurso el viernes, lo formalizará en los próximos días, según informaron fuentes jurídicas.

En un escrito de 39 folios, el abogado de Chaves cuestiona que el magistrado considere que la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

A su juicio, «además de gravemente errónea, es una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo y la distribución de competencias entre los diferentes órganos constitucionales que conforman nuestro Estado de Derecho».

Chaves insiste, como ya hizo durante su declaración ante el Tribunal Supremo, que no conoció nunca las advertencias del interventor de la Junta sobre el sistema que se estaba utilizando para el reparto de las ayudas sociolaborales y que no consta en la causa «ni un solo indicio» que apunte a ese extremo. «Ninguno de esos informes tuvo como destinatario al entonces presidente de la Junta de Andalucía», recalca.

La defensa insiste en que todas las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo en los Consejos de Gobierno que Chaves presidía (de forma ilegal, según el juez, por saltarse los controles propios de las subvenciones), se aprobaron «respetando escrupulosamente todo el procedimiento establecido y contando además con el preceptivo informe, favorable en todos los casos, de la Intervención General de la Junta».

Como en el Gobierno de la Nación

De esta forma, el letrado concluye que Manuel Chaves, en su condición de Presidente de la Junta, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que «habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables». Prueba de ello, dice, es que se trataba de un asunto que formaba parte del denominado «índice verde» del Consejo de Gobierno, es decir, aquellos asuntos del orden del día que ni siquiera se someten a deliberación, sino que se aprueban directamente por ser de su competencia, «según una práctica habitual no solo en los gobiernos autonómicos, sino también en el Gobierno de la Nación».

«Pretender que el presidente de la Junta de Andalucía, o de cualquier gobierno, antes de aprobar un programa anual de control financiero de las empresas públicas, se tenga que poner a estudiar todo el expediente administrativo a que ha dado lugar a la propuesta que se somete finalmente a su aprobación, incluidas las memorias incorporadas al expediente, se opone a las reglas de la lógica de lo razonable y aboca prácticamente a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable», dice parafraseando al propio instructor, que había valorado así el desconocimiento alegado por Chaves.