Torres-Dulce ultima con el fiscal de Cataluña la querella contra Mas por el 9-N

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunirá esta tarde con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para estudiar la posible presentación de una querella por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9-N en esa comunidad autónoma.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por ABC han informado de que este encuentro tendrá lugar a las cinco de la tarde en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid. La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega.

La querella se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada la condición de aforados de los denunciados, a los que el ministerio público podría atribuir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La Fiscalía de Cataluña trabajó ayer en el borrador de la querella que les ha remitido la Fiscalía General del Estado, en el también aparece como denunciada la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito de la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consejerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9-N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

Desobediencia y prevaricación

Según el borrador que le ha transmitido la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña baraja en la querella varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Gobierno catalán en la organización de la consulta del 9-N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consejeros implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El ministerio público cree que los miembros del Gobierno catalán contra los que se dirigiría la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta.

Por el contrario, quedarían excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.