Ceaccu recomienda acudir a los tribunales, mientras FACUA se persona en los expedientes abiertos por Fomento y la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat
Ceaccu recomienda acudir a los tribunales, mientras FACUA se persona en los expedientes abiertos por Fomento y la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat - EFE

Organizaciones de consumidores recomiendan denunciar a los afectados por los retrasos de Vueling

Ceaccu aconseja a los consumidores acudir a los tribunales y cuelga en su web un modelo gratuito de demanda judicial, mientras que FACUA denuncia a la compañía ante Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga catalana

Madrid Actualizado: Guardar
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La organización de consumidores Ceaccu ha recomendado a los afectados por las cancelaciones y retrasos de Vueling acudir a los tribunales y ha puesto a disposición de los usuarios u n modelo de demanda judicial gratuito para reclamar una compensación económica por los perjuicios sufridos.

En un comunicado, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) aplaude las sanciones contra Vueling, por el efecto disuasorio que pueda tener « si la multa impuesta es adecuada y coherente con el caos causado», pero recuerda que ese dinero «en ningún caso» compensa a los usuarios.

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado directamente a Vueling ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y solicitado ser parte del expediente sancionador abierto

, según ha informado esta organización en un comunicado. Además también ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat, ya que la aerolínea tiene su sede social en Barcelona.

En este documento se ha solicitado a este organismo la promoción de sanciones por lo que han denominado como «elevado número de incidencias no justificadas» en sus vuelos. En este sentido, han apuntado que la legislación prevé multas de hasta diez veces el beneficio que se hubier podido lograr por unas hipotéticas prácticas sancionables.

Modificación de la operativa

La asociación ha reclamado a las autoridades que obliguen a la compañía a modificar su política operativa y comercial, ya que en su opinión repercute «gravemente» en la calidad del servicio y en el funcionamiento del tráfico aéreo, en materias como la seguridad o los horarios preparados.

En este sentido, también han cargado duramente contra la «inaceptable falta de previsión y de transparencia», en la que a su juicio habría incurrido la empresa en unas fechas especialmente delicadas por el elevado volumen de operaciones. Desde FACUA han recordado que este domingo El Prat tenía 1.039 operaciones previstas, el mayor volumen desde el inicio de las vacaciones.

Consejos y modelos de demanda gratuitos

Ceaccu ha puesto a disposición de los afectados algunos conceptos que deben saber los afectados a la hora de reclamar a una compañía aérea. Deben solicitar y presentar en el propio aeropuerto una hoja de reclamación de la compañía aérea para dejar constancia de la incidencia lo antes posible.

En esta hoja tendrán que detallar el problema sufrido y precisar fecha, hora, lugar, número de vuelo y sus datos y, si se puede, aportar documentos como prueba (tickets o billetes).

Si la compañía aérea no les facilita una hoja de reclamación se pueden usar las de Aena, quien las trasladará a la aerolínea correspondiente. En un caso u otro el afectado debe quedarse con copia de la hoja presentada, pues le servirá de prueba de su reclamación.

El afectado se podrá dirigir posteriormente por escrito a los servicios de atención al cliente de las compañías aéreas, y siempre es preferible que, en ese caso, sea de modo que quede constancia, por ejemplo, mediante un burofax. Si la aerolínea no le compensa o no cumple con cualquiera de sus obligaciones adicionales (derecho a la información, a devolución del billete o a atención en el aeropuerto) debe reclamar judicialmente.

Ceaccu también viene ofreciendo modelos de demanda gratuitos que se pueden presentar directamente en el juzgado (hasta reclamaciones de 2.000 euros), sin necesidad de contratar abogado o procurador.

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