Las multas de Europa... sí se pagan... y siempre

Las multas que impone la Unión Europea no son un recurso retórico. Se pagan siempre. Hasta que no haya una sentencia firme, las autoridades de Bruselas pueden ser más o menos flexibles para decidir si una conducta determinada merece o no una sanción, pueden estirar las reglas hasta límites más o menos insospechados, pueden incluso negociar la cuantía cuando lo que está claro es el fondo, pero no tanto los números. Pero en materia de sanciones económicas, la Unión Europea es igual que el Ministerio de Hacienda.

El problema es que la UE solo trata con Estados, no se puede inmiscuir directamente en la conducta de actores específicos, aunque ello produzca contradicciones inesperadas. Las llamadas «vacaciones fiscales» vascas utilizadas por las autoridades autonómicas de Vitoria han sido reiteradamente sancionadas por la Comisión y los tribunales europeos y en 2014 finalmente objeto de una multa de 30 millones de euros impuesta al Reino de España.

El cómo las autoridades nacionales reclaman ese dinero a los responsables vascos es un asunto que a la UE le importa poco.

Igual ha sucedido con el caso de la mala gestión de las cuentas del déficit autonómico en la Comunidad Valenciana: la multa la tiene que pagar España. Aunque en el caso del conflicto de los estibadores se vea claramente que el Gobierno tiene intenciones indudables de cumplir la ley, la multa por no hacerlo le sería impuesta igual, aunque la Comisión puede ser sensible ante las dificultades políticas.

Las multas se pagan con transferencias contantes y sonantes a la cuenta corriente de la Comisión Europea, se consignan como tales en los presupuestos generales del Estado y forman parte de los ingresos propios del ejecutivo comunitario, junto a las multas que impone a las empresas privadas a causa de los conflictos de competencia. La sanción tiene teóricamente un papel coercitivo, es decir, lo que le interesa a la Comisión es que se cumpla la ley europea, no cobrar multas.