El gigante de la construcción británico Carillion se declara en quiebra y pone en riesgo miles de empleos

El grupo británico Carillion , que se dedica a la construcción y a los servicios se ha visto obligado a declararse en quiebra, con una deuda de 1.500 millones de libras (unos 1.700 millones de euros) tras no llegar a un acuerdo con sus acreedores y el Gobierno para llevar a cabo un rescate que mantuviera la empresa a flote.

Algo que pone en riesgo, además de los muchos proyectos que tiene en marcha este conglomerado, 43.000 puestos de trabajo directos en todo el mundo, de los cuales casi 20.000 en Reino Unido.

Carillion no tenía otra opción según su comunicado difundido esta mañana. En él asegura que la única manera era “entrar en liquidación de forma inmediata”. Algo que deja en un lugar comprometido al Gobierno británico, que tendrá que hacerse cargo ahora de los servicios públicos que gestionaba esta empresa hasta el momento y que tocaban áreas como defensa, sanidad o transportes. Uno de los motivos que han llevado a la quiebra a este gigante habría sido el retraso en varios contratos y el exceso de costo de algunos de ellos, por ejemplo, el del Hospital Royal Liverpool, con continuas reformas en su estructura que le han costado cientos de millones.

Este grupo, que se formó hace 200 años, es la segunda mayor constructora de Reino Unido y entre sus proyectos en marcha figura uno tan importante para el país como es el tren de alta velocidad que unirá Londres con Birmingham, Manchester y Glasgow.

Además, desarrolla otros grandes planes a nivel internacional, es un gran proveedor de servicios de construcción para el gobierno canadiense, incluido uno de construcción en Qatar relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2022.

El Gobierno británico ha llamado a la calma después de conocerse que miles de empleados actuales y anteriores tienen dinero en los fondos de pensiones de Carillion , que tienen un déficit de casi 600 millones de libras (unos 750 millones de euros). Dinero que ahora será administrado por el Fondo de Protección de Pensiones (PPF). El viceprimer ministro David Lidington ha tratado de tranquilizar a los trabajadores asegurando que "todos los empleados deben seguir viniendo a trabajar, seguirán recibiendo pagos. El personal que participa en contratos del sector público todavía tiene que realizar un trabajo importante".

El partido laborista ya ha solicitado una investigación sobre la actuación del Gobierno de Theresa May respecto a esta empresa. Desde la oposición señalan que "esta compañía presentó tres avisos de resultados en los últimos seis meses y, a pesar de esas alertas, el Gobierno continuó premiándola con contratos públicos".