El gasto sanitario público deberá duplicarse en 2025

Si se mantiene la dinámica actual y no se introducen medidas correctoras, dentro de diez años el gasto sanitario público rondará los 113.000 millones de euros, prácticamente el doble del presupuesto sanitario de 2015, que fue de 64.883 millones. Si se acometen las reformas que contempla el modelo de previsión de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OCDE), el gasto previsto será de 97.000 millones. Eso supone, según los expertos, que en los próximos diez años el sistema sanitario de España necesitará incrementar el gasto con respecto al actual en 32.000 millones de euros, en el escenario más positivo, y 48.000 millones, en el menos óptimo. Así lo apuntan las conclusiones del informe «Funding the gap. El futuro del sistema sanitario», elaborado por Esade y presentado ayer en unas jornadas celebradas en la sede de la escuela de negocios en Barcelona.

Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de Esade, y Joan Barrubés, socio director de Antares Consulting, ambos coautores del estudio, insisten en la necesidad de abordar el debate sobre el sistema sanitario desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera y la necesidad de reducir las desigualdades. Los dos escenarios presentados por el estudio resultan, aclara Barrubés, de una previsión «maximalista», basada en una proyección de crecimiento del 8% anual, y de una proyección «posibilista», que sigue las previsiones de la OCDE. Los responsables del informe se preguntan si será posible elevar la partida presupuestaria de sanidad sin que el sistema deje de ser equitativo.

Joan Barrubés tiene claro que «si no se hace nada» el riesgo de que aumenten las desigualdades en el modelo es «evidente». «Si no pasamos a la acción y se realizan reformas eficaces, a los 32.000 millones de euros de incremento de gasto respecto a la partida actual, que suponen la base que habrá que financiar para cubrir necesidades, tendríamos que sumarle 16.000 millones de euros, que sería el coste de no actuar», precisa a ABC el coautor del informe. Barrubés recuerda que la sostenibilidad del sistema se basa en los recursos utilizados para financiarlo, en el grado de cobertura de la población y en el gasto en prestaciones. En este sentido, el experto pide que «se pase a la acción» después de años y años de teorizar sobre el asunto.

«Desde el Informe Abril Martorell, que se hizo público a mediados de los ochenta, hasta ahora se han realizado numerosas radiografías y estudios sobre los riesgos y la sostenibilidad del sistema sanitario, aunque no se ha hecho nada. Debemos teorizar menos y actuar más», denuncia Joan Barrubés. Peiró, el otro autor del informe, lo suscribe. «Nos encontramos en una situación de sobrediagnóstico, ya que se han hecho muchos informes que han radiografiado de forma precisa el estado del sistema sanitario español pero que no se actúa porque la transformación del sistema sanitario no ha estado nunca en la agenda política», añade.

A juicio de Barrubés, «el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario abarca cuatro aspectos: una reflexión colectiva sobre las prioridades del gasto público y el nivel de riqueza común (PIB) que la sociedad está dispuesta a dedicar a la salud; una política fiscal eficaz para recaudar los recursos necesarios para financiar el sistema; un debate más profundo sobre la cobertura del sistema y, por último, mejorar la gestión del coste de los procesos de asistencia sanitaria».

Sistema fiscal ineficiente

En este sentido, el responsable de Antares Consulting cuestiona la eficiencia del actual sistema fiscal. «No es verdad que tengamos un sistema fiscal eficiente. España no tendría déficit si recaudase lo mismo que sus socios europeos», apunta Barrubés y asegura que la sociedad española tiene muy presente que se necesitan cambios en ese sentido.

«Según los barómetros del Ministerio de Sanidad, prácticamente una tercera parte de la población opina que el sistema sanitario debe reformarse», afirma el experto y recuerda que entre 2009 y 2014 el gasto sanitario público se redujo en 9.000 millones de euros. «Estas restricciones impactan siempre sobre la equidad del sistema, es decir acaban sufriéndolo los más vulnerables», añade.

Por su parte, el director general adjunto de Esade, Francisco Longo, considera que el informe es «un diagnóstico», «un punto de partida», para empezar a estudiar qué habrá que hacer en el futuro, lo que se discutirá próximamente en diversos seminarios pensados para «proponer soluciones». «Ahora los expertos deben reflexionar sobre por qué no se ha actuado hasta ahora», dice Joan Barrubés. Avanza que las conclusiones de este debate se publicarán a finales de este semestre.