El fondo de rescate europeo no será un gasto extra para la banca española

Se avecinan cambios para el Fondo de Garantía de Depósitos español (FGD). Según ha podido saber ABC, la comisión gestora de este instrumento ha diseñado ya, como le obliga el recién aprobado real decreto de resolución bancaria, los nuevos criterios que determinarán las contribuciones que deben hacer cada año las entidades financieras al organismo dependiente del Banco de España y que sirve para garantizar a los clientes sus ahorros hasta 100.000 euros en caso de quiebra o liquidación de una entidad. El objetivo de la nueva normativa, marcada por la unión bancaria y la obligación de aportar capital tanto al fondo de rescate europeo como al de depósitos español, es evitar costes adicionales para las entidades de nuestro país.

Los bancos bajo supervisión del Banco Central Europeo (BCE)

tendrán que dotar con 55.000 millones de euros de aquí a 2024 el Fondo Único de Resolución europeo, que se encargará de sufragar la recapitalización de entidades en apuros en caso necesario. De esa cantidad, los grupos españoles abonarán unos 5.300 millones.

Pero además, las entidades españolas tendrán que seguir nutriendo el FGD, cuyo uso se limitará a garantizar el dinero de los depositantes, impidiendo el uso que se le dio en los últimos años durante el rescate de las antiguas cajas y algún banco. El objetivo es que en 2024 alcance un patrimonio igual al 0,8% de los depósitos garantizados, más un 0,3% anual de los valores. En total, unos 6.400 millones.

La normativa europea ha introducido una novedad en la fórmula de cálculo de esas aportaciones: ya no se tendrá en cuenta sólo el tamaño de la entidad y su volumen de depósitos, sino también su perfil de riesgo. Así, aquellas entidades centradas en negocios como los derivados tendrán que aportar más que los bancos dedicados al crédito a empresas y familias.

Ahora bien, la comisión gestora del FGD recibió también el encargo de fijar el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía nacional, para lo que ha tenido que desarrollar sus propios métodos para determinar el ajuste al riesgo de las entidades españolas.

Porcentaje variable

Las fuentes afirman que la propuesta pasa por restringir el volumen de depósitos garantizados que se utiliza como base de cálculo para las aportaciones anuales que realiza cada entidad. Se trata sólo de un ajuste contable de esa base, en ningún momento se reduce la cobertura de los depósitos inferiores a los 100.000 euros, todos ellos igualmente garantizados.

Lo que sí cambia es el plazo de pago del FGD a los depositantes en caso de quiebra de un banco: el fondo deberá satisfacer las reclamaciones dentro de los siete días hábiles siguientes a la petición del depositante, frente a los tres meses actuales desde la liquidación de la entidad. Además, se fija un periodo transitorio de 20 días hábiles hasta el 31 de diciembre de 2018.

Si hasta ahora las aportaciones anuales de los bancos equivalían al 2 por mil de los depósitos garantizados, más un 5% del valor de cotización de los valores cubiertos, el FGD eliminará ese porcentaje fijo que, como se ha mencionado, variará en función de los depósitos de cada banco pero también de su perfil de riesgo. Así, la norma modificará la aportación que actualmente hace cada banco al fondo de garantía, incrementándose para algunos y reduciéndose para otros.

La nueva regulación entrará en vigor antes de que acabe 2015 y, según fuentes financieras, traerá evidentes ventajas para los bancos nacionales. Con estas modificaciones, el Banco de España lograría que la suma de las aportaciones al fondo europeo y al nacional que los grupos españoles tendrán que hacer a partir de 2016 no se dispare respecto a la cuantía que dotan hoy al FGD.