La nueva ley de contratos públicos, en vilo por el escenario político

En este último tramo de la legislatura, España tiene un deber pendiente en materia de contratación del Estado: la transposición de las nuevas directivas europeas, que imponen una fecha límite en abril de 2016 y que abren la puerta a modificaciones sustanciales en los criterios utilizados por las administraciones, cuestión que en lo tocante a la obra civil ha sido motivo de polémica durante los últimos años por la construcción de infraestructuras no siempre necesarias (aeropuertos fantasma, como símbolo tangible del despilfarro) y los tradicionales sobrecostes.

La fragmentación del nuevo escenario político y la incertidumbre por el futuro inmediato tras las elecciones generales previstas para finales de año despiertan la inquietud de las empresas del sector, que temen que la aprobación de la normativa se postergue hasta la siguiente legislatura, según explican a ABC.

El borrador de la ley, que ha sido elaborado por la Dirección General del Patrimonio del Estado, perteneciente al Ministerio de Hacienda, se encuentra en fase de alegaciones, paso previo a su traslado a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Las compañías del ramo han formado un frente común para impulsar el proyecto e introducir modificaciones. Recientemente, patronales, colegios y asociaciones de ingeniería y arquitectos han firmado un acuerdo para canalizar sus propuestas. «Antes o después de las elecciones pretendemos reunirnos con los parlamentarios para que introduzcan enmiendas. En el caso de que la ley no salga adelante, pretendemos encontrarnos con los representantes de la nueva Administración», explica Fernando Argüello, director general de Fidex (asociación que agrupa, junto con Tecniberia, a las principales firmas de ingeniería españolas).

Contra los sobrecostes

Especialmente durante los últimos cuatro años, la crisis económica ha forzado al Gobierno a otorgar prioridad a la oferta económica sobre la oferta técnica a la hora de adjudicar los contratos de obra civil, lo que, a juicio de estas organizaciones, origina sobrecostes tanto en la ejecución como en las labores de mantenimiento. Actualmente, la valoración de una oferta oscila entre 70% y 80% para precio y entre un 30% y un 20% para la calidad, según Fidex. La transposición de la nueva directiva abriría, en fin, la puerta a la posibilidad de que las administraciones otorgaran prioridad a la calidad sobre el precio.

Esta versión choca con la de Fomento. Su titular, Ana Pastor, sostiene que los sobrecostes se han reducido a «cero». Sin embargo, el legado de los ocho años anteriores del Gobierno socialista habría alcanzado «casi 8.000 millones de euros», según la ministra.

En cuanto a la planificación de las infraestructuras, la irrupción de nuevos partidos puede generar un efecto positivo, a juicio de Argüello. «Será difícil que los nuevos partidos gobiernen, pero sí tendrán capacidad para influir en las diversas administraciones y aplicar una visión de largo plazo en el diseño de las nuevas infraestructuras», a veces sometidas, en su opinión, al dictado político.