Rato, en 1996: «El fraude perjudica a los que nos esforzamos en contribuir según la ley»

La justicia investiga ahora si Rodrigo Rato, que se acogió a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, está detrás de la comisión de varios delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes. Sin embargo, hace casi dos décadas, recién ocupado el cargo de ministro de Economía y Hacienda, el político se mostraba implacable contra el fraude fiscal y muy contrario a la regularización de patrimonios ocultos.

«No se puede dar la sensación de que en España los impuestos siempre los pagan los mismos y que las regularizaciones favorecen a los de siempre», decía en 1993 ante una propuesta de CiU de regularización fiscal. Así criticaba entonces las amnistías fiscales como las que había aprobado años antes, en 1984 y 1991, el Gobierno de Felipe González: «Permitir periódicamente que la gente saque un trocito de su dinero negro y se ponga a bien con Hacienda me parece que transmite a la sociedad una sensación de falta de seriedad».

Y añadía: «Sinceramente creo que producen una desmoralización del contribuyente a lo que desde luego mi partido no está dispuesto a sumarse».

De hecho, el Ejecutivo de José María Aznar había repetido en campaña que una de sus prioridades iba a ser la lucha contra el fraude fiscal. «El Gobierno considera prioritaria la lucha contra el fraude fiscal por varias razones, como la equidad», reiteró Rato una vez asumido el cargo de ministro. «Aquellos que hacemos el esfuerzo de contribuir como marcan las leyes al sostenimiento de los gastos del Estado nos vemos seriamente perjudicados por el crecimiento del fraude», insistía.

Es más, uno de los primeros rifirrafes de Rato como ministro con la oposición se debió a la acusación que hizo al anterior Ejecutivo socialista de que llevar a cabo de forma encubierta una suerte de amnistía fiscal con las que se habrían archivado expedientes a 600 defraudadores por valor de 200.000 millones de pesetas. «El Gobierno va a demostrar con hechos que una negligencia política causó los efectos de una amnistía fiscal de 200.000 millones», aseguraba en enero de 1997 en el diario ABC. «Mis amigos, en términos políticos, pagan impuestos, los suyos no; a mis amigos no les prescriben las deudas tributarias, a los suyos sí. Con sus amigos, en términos políticos, no queremos que se nos confunda nunca», respondía al respecto en abril de ese año al socialista Jesús Caldera en un tenso debate en el Congreso de los Diputados en el que ambos partidos se acusaron de amiguismos».