Cambio de rumbo en la economía europea... ¿estamos a tiempo?

Hasta el Fondo Monetario Internacional ha terminado reconociendo que el excesivo acento en la austeridad ha terminado por agravar la recesión en la Eurozona. Hace tiempo que el guardián de la ortodoxia económica publicó su informe titulado «Errores en el Pronóstico de Crecimiento y Multiplicadores Fiscales» en el que se afirma sin disimulos que «los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal».

La Comisión Europea no ha llegado a tamaño gesto de autocrítica. El comisario de Economía Olli Rehn terminó su mandato sin bajarse del dogma de que no había más remedio que hacer lo que ya se hizo y su superior, el presidente José Manuel Durao Barroso ha dejado la Comisión seguro de que el camino escogido era el único posible.

Ahora, la nueva Comisión de Jean-Claude Juncker parece dirigirse hacia un punto en el que necesitará un cambio de rumbo para la economía europea.

La recuperación está siendo más endeble de lo que se pensaba y de los cuatro grandes países de la Eurozona, dos (Francia e Italia) están en una situación muy delicada. España lucha por reemprender el camino del crecimiento, pero depende esencialmente de la buena salud de sus vecinos y, Alemania, que parecía el paradigma del vigor, está empezando a dar señales de flaqueza. En la parte de debajo de la clasificación, los ministros del Eurogrupo dudan si Grecia necesita o no un tercer rescate, a la vista de su pavorosa situación económica. La pregunta no es si hace falta cambiar la estrategia en la dirección de la economía europea, sino si todavía estamos a tiempo.

Y en ese cambio de rumbo, la energía va a tener un papel esencial. Los responsables europeos están convencidos de que es el único sector donde una intervención robusta puede tener efectos directos para extender los beneficios del mercado único, para aumentar la competitividad y para reducir la dependencia respecto al exterior. El plan de inversiones de 300.000 millones de euros del que habla el nuevo presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker tiene su principal campo de acción en este sector, que estará en manos del comisario español, Miguel Arias Cañete.

Críticas a los salarios españoles

Hasta ahora, la referencia más repetida que ha usado la Comisión Europea para intentar demostrar que tenían razón con la política de recortes ha sido el ejemplo español, que gracias a que ha cumplido con las recomendaciones y ha llevado a cabo reformas estructurales ha abandonado la tendencia de la crisis y ha emprendido poco a poco la senda del crecimiento después de un exitoso rescate bancario.

Las críticas de la Comisión a la bajada de los salarios en un documento publicado la semana pasada deben interpretarse, según todos los expertos, como una nueva admonición para intentar convencer al Gobierno de Mariano Rajoy de que la reforma del mercado laboral se le ha quedado corta y que debe dar lo que en Bruselas se llama «una nueva vuelta de tuerca» a la legislación del trabajo, no porque no asuman que parte del éxito español se debe a la mejora de su competitividad vía salarios. Lo que en verdad quieren es que el Gobierno flexibilice más el mercado, es decir, que reduzca la protección de los contratos indefinidos y así mejore comparativamente el trato a los eventuales y en todo caso, si hay un reproche es a la acción del Gobierno español, no a la que se ha impulsado desde Bruselas.

En realidad, la única forma de reconocimiento de que la política económica europea está yendo mal ha sido el anuncio espectacular de Juncker de que va a presentar antes de fin de año un plan de inversiones de 300.000 millones de euros para consolidar esa recuperación que los datos se empeñan en debilitar. Aunque nadie sabe de dónde va a salir semejante cantidad de dinero, el anuncio de este plan debe interpretarse como un reconocimiento implícito de que las cosas no van a ir bien si no hay más receta que la austeridad y las reformas.

Según fuentes del departamento de Arias Cañete, el «truco» de los 300.000 millones no es otro que el hecho cierto de que las grandes empresas energéticas arrastran un déficit de inversiones que equivale a dos tercios de esa cantidad. Eso explicaría la coletilla constante con la que se presenta este plan que se supone ha de movilizar «recursos públicos y privados», entendiendo que el papel de los gobiernos y las instituciones europeas sería avalar esas inversiones y complementarlas con los planes específicos en los que la UE quiere expresar su propia política, es decir, las interconexiones.

Las empresas europeas no ven con malos ojos esta idea, pero se muestran todavía cautelosas respecto a la posibilidad de que se materialice. En una conferencia titulada «Las finanzas para el Crecimiento» que tuvo lugar a primeros de mes en Bruselas, la presidenta de la patronal europea, la italiana Emma Marcegaglia, se dedicó precisamente a insistir en que lo que se necesita son inversiones de capital a largo plazo para favorecer el crecimiento. «La UE -dijo- debe resolver los problemas de fragmentación de los mercados financieros para eliminar barreras a las inversiones de manera que las compañías puedan volver a invertir y favorezcan la vuelta del crecimiento».

Según los cálculos que tiene la Comisión, el sector energético y el resto de industrias conexas necesitará invertir en los próximos años unos 56.000 millones en proyectos de generación que se adapten a la política de sostenibilidad respecto al cambio climático, unos 32.000 en el desarrollo de redes inteligentes para poder aprovechar una energía que no siempre estará disponible cuando aumente la demanda, mientras que el grueso de las inversiones se repartirá entre las medidas de eficiencia energética en las viviendas (80.000 millones) y la industria (20.000 millones). Otros análisis insisten en que debería incluirse el sector del transporte, principal actor tanto del consumo de energía como de las emisiones que, al mismo tiempo, tiene mucho que ver con la eficiencia global de la economía.

No es casualidad que Juncker haya optado por dar una forma política específica al sector en la nueva Comisión Europea, con un vicepresidente, Maros Sefcovic, dedicado a la tarea de coordinar los esfuerzos para crear un mercado único de la energía entre los distintos sectores implicados: energía, cambio climático, transporte, mercado interior, agricultura, ciencia e innovación o política regional.

La nueva Comisión ha heredado ya una lista de 248 proyectos de interés europeo, la mayor parte interconexiones transfronterizas, que suman unos 119.000 millones de euros. Según fuentes del departamento de Energía, al menos 52 de esos proyectos están ya lo bastante maduros como para pensar que es razonable que puedan estar en marcha antes de 2017.

Juncker ha prometido en todas las lenguas que habla -francés, alemán e inglés- que «antes de fin de año» presentará las líneas generales de este plan y es evidente que su labor será juzgada esencialmente por las consecuencias que pueda tener esta operación. Cuando el nuevo presidente de la Comisión dice que esta legislatura es «la última oportunidad» para reconciliar a las instituciones europeas con la sociedad es porque es consciente de que es imprescindible que la acción del ejecutivo comunitario contribuya de forma decisiva a la recuperación económica y a la salida de la crisis. Según un alto responsable de la nueva Comisión, el papel esencial de las instituciones en este plan será apoyar al sector energético «que lleva mucho retraso en sus inversiones desde hace tiempo» y al que se le pueden ofrecer garantías y rebajas de intereses «para que algunos proyectos puedan ser rentables a largo plazo».

Alemania, que tiene mucho que ver con la contumacia con la que se ha defendido la política de consolidación fiscal, también ha escogido una manera equivalente de anunciar este cambio, apoyándose en los doloridos andamios del eje franco-alemán. Así, Berlín y París han decidido presentar en diciembre su propio plan para fomentar las inversiones públicas y privadas para alentar la recuperación económica, también a través de la identificación de sectores y proyectos concretos que sirvan para estimular el crecimiento, mejorar la competitividad y crear empleo.

Los ministros de Economía de los dos países, Sigmar Gabriel y Emmanuel Macron, han anunciado este plan, aunque con acentos diversos: mientras Alemania se plantea elevar el porcentaje de inversión, pública y privada, del actual 17% del PIB hasta el 20%, lo que supondría unos 50.000 millones adicionales. En este caso, para Alemania se espera modernizar las infraestructuras tradicionales, que en ciertos casos ya están en condiciones límite después de tantos años de racanería presupuestaria, y en la implantación de las nuevas tecnologías -banda ancha, fibra óptica, redes inalámbricas etc.- pensando en la economía digital. Para Francia, se supone que ese refuerzo de las inversiones en Alemania tendrá efectos colaterales, dada la proximidad de las dos economías, pero en su situación actual, con un elevado déficit público todavía lejos de las metas que le impone la Comisión Europea, su único compromiso posible es el de aplicar las reformas que el Gobierno de Manuel Valls ha prometido, para liberalizar la economía.