Los taxistas denuncian que «Uber no ofrece garantías ni seguridad»

Los taxistas se encuentran en pie de guerra contra la aplicación de servicios de coches compartidos Uber. Consideran que la «multinacional», respaldada por inversores de la talla de Goldman Sachs o Google Venture, actúa con clara ventaja frente a ellos al no pagar una licencia. «Uber no cumple lo que establece la ley de transportes terrestres. No puede hacer el mismo tipo de servicio que los taxis porque no ofrece garantías ni seguridad», asegura a ABC el presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y de la Federación española, Julio Moreno.

Pese a la oposición y al enfado de los taxistas, Uber ya opera en Madrid desde el pasado 23 de septiembre. La Comunidad de Madrid, sin embargo, no piensa quedarse de brazos cruzados.

Ya ha anunciado que empezará a sancionar a los dueños de la aplicación UberPOP y a sus conductores con multas que irán desde los 4.000 a los 18.000 euros en el caso de reincidencia.

El Ejecutivo regional dio de plazo hasta el pasado 3 de octubre para que Uber presentará las autorizaciones y licencias que el Gobierno regional les ha solicitado. Sin embargo, desde la aplicación consideran que no necesitan esta documentación porque se ajustan a la ley y sus conductores no son empleados, sino ciudadanos que buscan compartir los gastos de su coche.

Fomento ya amenazó el pasado junio con multas de 600 euros a servicios como Uber que operaran sin licencia. Pese a esta advertencia y a que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) establece «las personas y las empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados», Uber sigue operando y expandiendo su negocio desde Barcelona a Madrid.

Por ello, el sector del taxi, según palabras de Moreno, pide a las autoridades que actúen de «forma tajante» contra esta aplicación de servicios de coches compartidos. Los taxistas protestan así porque se consideran en clara desventaja al tener que abonar hasta 200.000 euros en algunos casos por la licencia correspondiente.

Sin embargo, otros organismos oficiales no están de acuerdo con prohibir estos servicios. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no han ejercido la contudencia que exigen los taxistas. El presidente del regulador ha indicado en otra ocasión que «prohibir es una herramienta excesivamente fácil». La polémica está servida.