Los arqueólogos gaditanos denuncian la ilegalidad del Museo en la entrega de materiales

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz ha denunciado la situación de «desamparo legal, discriminación y arbitrariedad» a la que se enfrentan los arqueólogos gaditanos a la hora de hacer entrega de los materiales arqueológicos para su depósito en el Museo de Cádiz.

La decana del colegio, Victoria Pinto, acompañada del vicedecano, Juan Miguel Pajuelo, expuso este jueves en rueda de prensa la grave problemática que atraviesa el gremio en Cádiz. El colectivo ha roto su silencio con todas las pruebas que corroboran los motivos de su queja, que ya han elevado a la otra parte implicada pero por la que, de momento, no ha obtenido solución ninguna.

Según denuncian, desde el verano pasado el Museo de Cádiz plantea una serie de exigencias que obstaculizan el proceso de entrega y depósito de los materiales.

Los profesionales ya llevan a la institución perfectamente embalados, embolsados e inventariados todos esos materiales, según dicta la legislación vigente en la comunidad autónoma de Andalucía.

Lo que ha indignado a los arqueólogos es que desde hace un tiempo la dirección y técnicos del Museo de Cádiz que dirige Juan Alonso de la Sierra, exigen el cumplimiento de un protocolo interno que, tal y como denuncia el colegio, «carece de legalidad» dado que no tiene ni firma ni sello, y tampoco está publicado en ningún boletín oficial.

El protocolo supone un coste económico que deben asumir los arqueólogos, profesionales autónomos cuyo trabajo depende en la mayoría de la empresa privada. Más grave aún y preocupante para el futuro laboral de estos expertos es el hecho de que tienen que cumplir una serie de requisitos administrativos para que les den nuevos permisos para seguir trabajando. Entre esos documentos figura el acta del depósito de los restos de la intervención arqueológica anterior, debidamente firmada por la dirección del museo. Los arqueólogos lo explican claramente: «si no te firman el papel, no puedes trabajar».

Ya ha habido casos en los que se ha producido este triste desenlace, dejando a los arqueólogos en una situación de «indefensión». Indefensos porque a pesar de que han remitido un acta notarial al Museo, la respuesta no ha sido ni mucho menos satisfactoria. La institución provincial justifica la imposición del protocolo como una forma de cubrir un vacío legal, ya que aunque existe una normativa que debe regular las condiciones en las que se deberán entregar los bienes a los museos, va ya por doce años sin que se concrete la regulación.

En cualquier caso, los arqueólogos gaditanos denuncian «agravios comparativos» dentro de la misma profesión en Andalucía, porque no existe ningún otro museo de otra provincia que aplique un protocolo tan perjudicial -y con tan poco fundamento legal- para la situación laboral de los profesionales de este sector, un gremio de por sí ya tremendamente castigado por la crisis económica.

Algunas de las normas que se deben seguir según el protocolo son, en materia de conservación, las siguientes:

1.- Los objetos deben estar en condiciones de estabilidad física y química para lo cual se habrán aplicado los tratamientos de conservación activa y preventiva más adecuados.

2.- Los objetos cuyas condiciones de fragilidad así lo precisen serán embalados de forma individualizada en cajas y recipientes que garanticen la correcta conservación de los mismos conforme a las recomendaciones expresadas en el ANEXO de conservación.

3.- Los objetos estarán correctamente individualizados en bolsas transparentes de plástico polietileno (grosor mínimo 0,05 mm -galga 200-) ajustadas al volumen y peso de los mismos para evitar la rotura de la bolsa y asegurar el confinamiento en su interior.

4.- Los objetos estarán identificados con los datos arqueológicos mediante etiquetas escritas de forma legible con rotulador indeleble en hojas de plástico químicamente estable (poliester, polipropileno o polietileno) que se introducirán en la bolsa de embalaje correspondiente.

5.- El conjunto de objetos embolsados y etiquetados serán presentados en cajas de polipropileno o polietileno norma EUROPA cerradas con tapa, con las medidas en centímetros (ancho x largo): 60x80, 40x60 o 30x40 dimensionadas al volumen y peso de los materiales para favorecer su almacenamiento y evitar la sobrecarga de los contenedores (máximo 25 kg por caja).

Son estas cajas, las que se exige en el apartado 5, las que elevan notablemente el presupuesto que deben hacer los arqueólogos antes de iniciar una excavación, sin ni siquiera saber lo que pueden hallar durante el ejercicio de su trabajo. Según han explicado durante su intervención, estas cajas especiales pueden llegar alcanzar 60 euros de precio, cuando las empleadas anteriormente rondaban sólo los 5.

Los requisitos que exige el museo gaditano son aún más costosos para los profesionales en el apartado que tiene que ver con la estabilización de los elementos arqueológicos depositados. Según refleja el protocolo:

La estabilización a corto y medio plazo está indicada para elmantenimiento de los objetos durante los periodos de excavación y el estudio preliminar respectivamente, es decir, en el tiempo que transcurre desde su extracción hasta el depósito en el museo.

La estabilización a largo plazo es el tratamiento indispensable para los objetos que van a ser depositados en el Museo. Por tanto, no podrá aceptarse el depósito de ningún objeto sin establidad a largo plazo.

La imposibilidad de asumir estas directrices está llevando a muchos arqueólogos gaditanos a «mantener retenidos» los elementos de las excavaciones.

Cabe recordar, y esa es una de las principales bazas legales a las que se acogen estos profesionales, que la función de velar por la conservación y exposición de los materiales arqueológicos que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz, compete en exclusividad a al Museo (dependiente de la Consejería de Cultura), para lo cual ya tiene asignado un cuantioso presupuesto (más de 46 millones de euros).

El Colegio ya ha mandado varios escritos a la Delegación de Cultura para exponer su situación, pero de momento han obtenido la callada por respuesta. De ahí que estos profesionales, poco dados a las apariciones públicas y mucho menos a la exposición de sus problemas laborales, hayan optado por denunciar ante los medios de comunicaión la grave situación que atraviesan.

En su comunicado exigen «la inmediata retirada de esta norma ilegal impuesta por la dirección y técnicos del Museo de Cádiz, así como la restitución del derecho al trabajo a los arqueólogos a los que se les ha negado en función del mismo».