Los casos de corrupción que cercan a CDC

Caso Pujol

Fue un terremoto. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconoció en julio de 2014 mediante un comunicado que su familia disponía de dinero sin regularizar en cuentas extranjeras.

Después de dos años de informaciones que relacionaban a la familia Pujol con cuentas corrientes en Andorra y Suiza, el expresidente catalán emitió un comunicado que él mismo calificó de expiatorio y en el que explica que en 1980, poco antes de tomar posesión de su cargo como presidente de la Generalitat, recibió una herencia de su padre, Florenci Pujol i Brugat, cuyos fondos fueron destinados a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos.

Pujol señala que, aunque «su conciencia y su cargo le empujaban a rechazar esta herencia», no lo hizo para respetar la voluntad de destinar estos fondos a su familia, y justifica que se haya tardado más de treinta años en regularizar la situación alegando que «no se encontró el momento oportuno».

El caso Pujol y otros procesos contra la familia mantienen imputados al expresident —que renunció a su título de Molt Honorable y al cargo honorífico de presidente fundador de CDC—, a su mujer y a seis de sus siete hijos

Caso ITV

Oriol Pujol, hasta julio del año pasado secretario general de CDC y exdiputado autonómico, está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. La Justicia catalana destapó el caso en 2013: empresarios y políticos confabulados para amañar un concurso para la concesión en Cataluña de estaciones de inspecciones técnicas de vehículos (ITV).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusa al hijo del expresidente Jordi Pujol de usar su «peso político» para «obtener un beneficio económico para él y/o para sus amigos y colaboradores» y «vulnerar el derecho de libre concurrencia pública».

Caso Torredembarra

La Guardia Civil ha registrado este viernes la Fundación Catdem en Barcelona, estrechamente vinculada a Convergencia, en busca de pruebas que avalarían que esta plataforma de CDC pudo beneficiarse de pagos de un 3% emitidos por la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca.

Según informaron a Efe fuentes cercanas al caso, además de la sede de Catdem, la Guardia Civil ha recogido información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública.

En el núcleo duro del nacionalismo catalán, Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de la constructora Teyco, pertenece a una saga empresarial imposible de separar del otro gran apellido del nacionalismo en Cataluña, el de los Pujol. Su padre, Carles Sumarroca Coixet, fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica (CDC), amigo íntimo de Jordi Pujol, una amistad que de hecho ha fundido ambas familias —esposas, hijos…— en una confluencia, tan habitual, según se ha conocido ahora, entre negocios, política y «patria».

La relación llega hasta tal punto que informes policiales entregados al juez Pablo Ruz señalan que Sumarroca padre transfirió activos millonarios a los hijos del expresidente catalán una vez este dejó la Generalitat, tal y como publicó ABC en agosto del pasado año. Las operaciones, según los mismos informes policiales, se hicieron de forma opaca a través de sociedades patrimoniales.

Es una constante, el apellido Sumarroca aparece implicado en numerosas investigaciones que en los últimos años atañen al clan Pujol, empezando, casi parece una anécdota, por las asesorías ficticías que una de las empresas pagó a Jordi Pujol Jr. en 2005 por valor 278.000 euros.

Carles Sumarroca Coixet y su hijo Carles Sumarroca Claverol, fueron imputados por el juez Pablo Ruz junto a otros nueve destacados empresarios catalanes por sus relaciones con Jordi Pujol Jr. Según solicitó la Fiscalía Anticorrupción, el juez los acusó de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y falsedad documental relacionados con la trama de negocios del mayor de la saga Pujol.

Las sospechas, y certezas, que envuelven la relación entre los Sumarroca y los Pujol no han ha impedido que Teyco, junto a su hermana mayor Comsa Emte, uno de los gigantes de la construcción en Cataluña, haya continuado teniendo una importantísima entrada en la contratación pública, una relación privilegiada con la administración autonómica que no pasa por alto a quienes denuncian un flagrante nuevo caso de connivencia entre política y empresa. De hecho, la curva en el número de concursos públicos ganados por el «grupo» Sumarroca fue importantísima durante los gobiernos Pujol, cayó con el tripartito, y se ha recuperado ahora durante la etapa de Artur Mas.

En el caso concreto de Jordi Sumarroca, sus problemas con la Justicia, que acabaron en julio con su detención, se destaparon en 2014, cuando el juzgado de El Vendrell (Tarragona) lo imputaba por un delito contra la administración pública en un caso que implicó también al alcalde y seis ediles de Torredembarra (Tarragona). Se investigaba si Sumarroca habría mantenido negocios, además de con el Ayuntamiento, con una sociedad pertenenciente al alcalde. El nombre de Sumarroca y el de su empresa Teyco aparecieron también en el llamado caso Innova, centrado Reus, donde el juez apreció intentos que «parecen insoportables» de influir en funcionarios del servicio catalán de Salud.

Palau, la «mordida» de CDC

El caso de corrupción más importante descubierto nunca en Cataluña cumplió seis años el pasado julio aún sin fecha de juicio. La historia comenzó un 23 de julio de 2009. Por sorpresa, sin que nadie imaginara que aquel iba a ser el primer acto para descubrir el caso de corrupción más importante conocido nunca en Cataluña, ese día los Mossos d’Esquadra registraban el Palau de la Música Catalana. En esa fecha se hablaba de un desvío de 2,2 millones a favor de Fèlix Millet y varios directivos, un escándalo ya mayúsculo de inicio pero que acabaría cogiendo con el transcurso de la investigación una dimensión mucho mayor: Por el volumen de fondos públicos saqueados, más de 30 millones, y, sobre todo, por su derivada política, con la implicación directa de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el cobro de comisiones ilegales, 6,6 millones de euros a cambio de adjudicaciones de obra pública vehiculados a través del Palau, que ejercía como lucrativo intermediario. Seis años después, y tras el paso de seis jueces instructores, aún no hay fecha para la apertura del juicio oral.

Comisiones ilegales

Sea como fuere, y al margen del calendario, pocos casos como el del Palau han servido para trazar con toda nitidez el mecanismo de la financiación ilegal de un partido a través del cobro de comisiones. Si durante años en Cataluña se especuló con el famoso «tres por ciento» -el porcentaje de la mordida que Pasqual Maragall denunció en sede parlamentaria-, tendría que estallar el caso Palau, con todas sus derivadas, para poner negro sobre blanco el esquema de la corrupción.

Para empezar, en el escrito con el que en julio de 2013 se cerraba, provisionalmente, la instrucción, el juez apuntó que las comisiones no eran del tres, sino del cuatro por ciento: 2,5% para CDC y 1,5% para los saqueadores confesos del Palau. En otros casos, el reparto era del 3,5% y del 0,5%. En el origen del dinero, la empresa Ferrovial, que estableció con CDC un «pacto criminal» -en definición de la Fiscalía Anticorrupción- para verse favorecida en la adjudicación de obra: concretamente en la Línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia, cuyos concursos, pese a ello, se sostiene que se realizaron correctamente.

Como imputados, el extesorero de CDC, Daniel Osàcar; un exdiputado de CDC, cargos de Ferrovial y la calificación del partido presidido por Artur Mas como «responsable civil a título lucrativo», motivo por el que tiene embargada su sede principal.

La acumulación de pruebas es sustanciosa. Son numerosos los testigos que relatan las visitas del extesorero de CDC, Carles Torrent, ya fallecido, al despacho de Millet, donde recogía dinero -«sobres gorditos»- con billetes de 500 euros, según confesión de una de las secretarias de la institución.

Pese a todas las pruebas acumuladas, los imputados en CDC no alcanzan el escalafón más alto del partido de Artur Mas. El juez, a pesar de ello, reconoce que «otros altos responsables del partido» sin identificar ejercieron «el necesario ascendiente» sobre la Administración para influir en los concursos. Cinco años después del primer registro y tras un periplo judicial lleno de meandros, el imponente edificio modernista del Palau de la Música sigue proyectando sombras y sospechas sobre el caso de corrupción más notorio conocido hasta ahora en Cataluña.

Caso Adigsa

Investiga desde 2005 el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por Adigsa, la empresa pública de vivienda de la Generalitat, durante el mandato del expresidente Jordi Pujol. Fue la frase de Pasqual Maragall -«Ustedes tienen un problema que se llama 3%»- lo que llevó al fiscal jefe de Cataluña a abrir diligencias.

El fiscal de delitos económicos Emilio Sánchez Ulled pidió tras la instrucción del caso la pena más alta, de diez años de cárcel, para el entonces consejero-delegado de Adigsa Josep Antoni Fontevila, así como nueve años y seis meses de prisión para el exgerente de Adigsa Jordi Huguet y para Jordi Sala, entonces encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública, por los delitos de malversación y falsedad documental.

El fiscal también pide 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, ahora titular de Empresa-, ya que era la persona sobre la que giraban todas las supuestas irregularidades, pese a no estar oficialmente contratado por Adigsa.

En este caso llegó a estar imputado el expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) archivó su causa al entender que no se habían encontrado indicios de que interviniera o que ni siquiera conociera la existencia de un sistema de contratación irregular en Adigsa, debido al perfil institucional que ostentó cuando presidió esta empresa pública.

Caso Clotilde

Xavier Crespo, exdiputado de CiU y exalcalde de Lloret de Mar (precisamente otro de los municipios investigados este viernes por la Guardia Civil), está imputado por su presunta relación con la mafia rusa y el blanqueo de capitales.

El cabecilla de la red delictiva, Andrei Pretov, confirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos a Crespo, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia.

La Fiscalía investiga si Crespo, durante su etapa como alcalde de Lloret de Mar, se lucró por la adjudicación ilegal del servicio de basuras del municipio. «Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarles hace un año y medio aproximadamente porque me di cuenta de que podría haber conseguido lo mismo de forma legal», declaró Petrov al juez.