Anticorrupción pide imputar a Pastrana por financiación ilegal

La investigación judicial por la presunta financiación ilegal de UGT-A mediante facturas falsas cerca ya a la cúpula histórica del sindicato. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer la imputación de Manuel Pastrana, secretario general de la central durante quince años, y de Francisco Fernández Sevilla, que fue su secretario de organización y le sucedió como número uno de la organización en 2013. Tanto Pastrana como Fernández Sevilla, este último tras siete meses en el cargo, se marcharon acosados por los escándalos de corrupción en el sindicato y el exsecretario de organización está ya imputado por su participación en el ERE de la faja pirítica de Huelva, en el sumario que lleva la jueza Mercedes Alaya.

Ahora será el juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, quien decida si accede a la petición del fiscal anticorrupción Fernando Soto, que acusa a ambos líderes ugetistas de «financiación ilegal del sindicato», tesis que se desprendía de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la operación «Cirene 2», en la que fueron detenidos 15 sindicalistas y directivos de empresas asociadas, entre ellos el que fuera tesorero con Pastrana, Federico Fresneda, cuya declaración parece crucial para formular la imputación de la fiscalía.

Fraude generalizado

La financiación ilegal, dice el escrito de Anticorrupción, se producía a través de «la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».

Los hechos investigados, dice el escrito, se producen durante el mandato de ambos y comienzan a implantarse cuando se puso en marcha «la llamada central de compras», que «fue inspiración directa de Pastrana» y continuada por Fernández Sevilla, según la declaración de Fresneda.

La financiación ilegal se llevaba a cabo por dos vías. La primera, el llamado «rapel», que consistía en repercutir un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, que luego éste ingresaba en la cuenta del sindicato y éste presentaba ante la Administración las facturas sin incluir el descuento, «lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones». Estos 'rápeles' se repartían en la comisión ejecutiva y las cantidades se destinaban a la estructura regional y las uniones provinciales.

El segundo sistema era el «bote». La Fiscalía considera que el sindicato encargaba facturas simuladas «que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas».

Aún se describe una presunta «mordida» más. Según el testigo Germán Damián Domínguez, exsecretario de cultura de UGT-A, existía un «canon revolucionario» que consistía en retener un 20% de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes.

Anticorrupción destaca que Fresneda informaba periódicamente ante la ejecutiva del dinero obtenido por el «rapel» y en este organismo se decidía cómo se repartía, según las declaraciones de Roberto Macías, secretario de Fresneda. El extesorero añadió otro dato: la ejecutiva, y expresamente Pastrana y Fernández, decidían qué empresas pagarían el «rapel».

Fresneda nunca quiso incorporar nuevos proveedores al sindicato, e incluso obstaculizaba la posibilidad de contar con suministradores en mejores condiciones.

El «bote» llegó a tener plasmación contable en el sistema informático 'Spyro', que contaba con apartados para anotar estos asientos ilegales. Fue María Charpín, entonces en el equipo de Fresneda y luego miembro de la comisión de garantías de la ejecutiva confederal, quien «inspiró» este método y fue nombrada para llevarlo a cabo, sino que también su encargo, aprobación y pago se realizó desde la comisión ejecutiva.

La financiación irregular «habría llegado a tener tal magnitud» que «prácticamente todos los gastos estructurales de la organización» eran financiado de manera irregular por las subvenciones para formación. «Sólo un porcentaje muy residual -añade- injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaba de tal forma».

Pastrana y Fernández Sevilla podrían haber participado en hechos constitutivos de otros delitos, como falsedades, «y otros que se encuentran en fase de primaria investigación por la guardia civil, como son las irregulares subcontrataciones a terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato».

La central no quiso hacer ningún comentario del escrito.