Los tribunales tiene la última palabra sobre la 'ley Wert'

La Lomce comienza su curso en las aulas y, a buen seguro, también seguirá siendo analizada por los tribunales debido al descontento generado en las comunidades autónomas en las que no gobierna el Partido Popular.

Las últimas resoluciones se conocieron el pasado agosto, cuando el Tribunal Supremo desestimaba las peticiones de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña, que solicitaban la suspensión cautelar de los reales decretos que desarrollan las nuevas enseñanzas de Primaria y Formación Profesional Básica.

Según Supremo, la Lomce «señala tajantemente los cursos de implantación de las novedades para la Educación Primaria», por lo que retrasar un año su aplicación «implica a primera vista una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades con la que la Junta de Andalucía afirma que se encuentra para asumirlo».

La Junta de Andalucía había solicitado además la suspensión de la implantación del primero de los dos cursos de FP Básica para que se permitiera continuar con los Programas de Cualificación Profesional Inicial, en vigor hasta el pasado curso académico. Según el gobierno autonómico andaluz la aplicación inmediata de la ley «provocaría gravísimos daños al alumnado y profesorado». Pese a ello, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que hará lo posible por minimizar el impacto de la ley en su comunidad.

Por su parte, Cataluña mostró sus reticencias a la aplicación de una reforma que considera «aquejada de varios vicios determinantes de su nulidad». Ambas comunidades estudian continuar con los recursos