La OIT reclama más diálogo social para crear «empleo decente»

Desde que se conocieron los datos de la EPA del segundo trimestre este jueves todos los mensajes del Gobierno insisten en el «cambio de ciclo» del mercado laboral proclamado por Mariano Rajoy y fundamentado en la reducción del paro. Unos datos positivos que en el Ejecutivo achacan al éxito de sus reformas estructurales. Sin embargo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, puso en cuarentena el optimista discurso oficial al señalar como principal desafío para España y el resto de países de la organización «el empleo decente». En concreto, el dirigente de la OIT alertó ayer durante su intervención en el 'Foro Nueva Economía' sobre el peligro de la precarización del trabajo. Por eso propuso buscar «vías alternativas» para que la creación de empleo no signifique la disminución de la calidad del trabajo.

Para conseguir llevar a buen puerto este nuevo reto, Ryder apostó por el diálogo social como «elemento central» en el futuro próximo de España. El dirigente de la OIT recordó que cada vez existe una mayor desigualdad en los países como producto de la crisis. Un problema que consideró tiene que ver con un crecimiento de los salarios inferior al de la productividad. Ryder también subrayó de los peligros que conllevan los empleos irregulares en materia de déficit de protección social para el trabajador.

El Gobierno impulsa el pacto

Precisamente, el Gobierno también trabaja discretamente en la idea de impulsar en las próximas fechas un pacto entre los agentes sociales en materia laboral. En la Moncloa están seguros de que un acuerdo de esa índole transmitiría a los mercados una imagen de unidad y frotaleza. El propio Rajoy insistió en su intervención para valorar los datos de la EPA en la idea del «esfuerzo colectivo» de la sociedad española para superar la crisis, y en concreto, en lo relativo al mercado laboral.

El problema es que la diferencia entre la patronal y los principales sindicatos, CC OO y UGT, en este asunto es muy importante. En materia salarial ambas partes sellaron el II Acuerdo Interconfederal sobre Empleo y Negociación Colectiva que limita los aumentos de sueldo en 2014 al 0,6%. Sin embargo, este pacto concluye al finalizar el año y los sindicatos ya han anunciado en reiteradas ocasiones que el crecimiento económico actual permite devolver parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores en los últimos años. Una idea que choca con la opinión de la CEOE, aunque su presidente, Juan Rosell, ya sugirió que podría haber subida de salarios en los sectores donde la recuperación lo permitiese.

Pero además, los dirigentes de UGT y CC OO han planteado al Gobierno en las diversas reuniones mantenidas en los últimos meses la necesidad de poner en marcha un plan de choque contra el desempleo. En este sentido ponen como ejemplo el plan de inversiones propuesto para la UE y que, según las centrales, permitiría crear 11 millones de puestos de trabajo en diez años con una inversión anual del 2% del PIB comunitario. Una medida que cuenta con el aval de la Confederación Europea de Sindicatos pero ninguna simpatía de las instituciones y gobiernos europeos. Y es que los organismos internacionales como el FMI o la OCDE insisten en la necesidad de mantener aún políticas de moderación salarial. Precisamente, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, puso ayer como ejemplo del diálogo social a Alemania. En su opinión, los buenos resultados en ese país se derivan de la «cooperación entre el sector público, el privado y los sindicatos».

En cualquier caso, un acuerdo de los agentes sociales en materia laboral supondría un bálsamo para el Gobierno. Y es que desde que comenzó la legislatura el diálogo social ha sido imposible por las políticas de ajuste llevadas a cabo en ese tiempo. Sin embargo, en lo que resta hasta las elecciones el Ejecutivo no cree necesario tener que realizar recortes significativos. Al menos esa es la tesis manejada desde el Ministerio de Hacienda, donde consideran que la reducción del déficit público puede realizarse sin necesidad de nuevos ajustes. Esto permitiría una rebaja de la conflictividad social y allanaría el camino a un posible pacto. Todo ello con el horizonte de las elecciones autonómicas y generales del próximo año.