Guerrero declara hoy ante Alaya por el ERE de Altadis de 2005

La jueza Mercedes Alaya ha citado de nuevo a declarar como imputado hoy al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink.

Además de a Guerrero, que estuvo hasta en dos ocasiones encarcelado por el caso ERE, la magistrada también ha llamado a los exdirectores generales de Trabajo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; al exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano; a la exasesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa; y a un beneficiario de la póliza vinculada a Novo Comlink, Manuel Jiménez de Miguel. Sobre este último sostiene que accedió a esa póliza «por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla» y pese a que no habría prestado «servicios efectivos» para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.

En relación a Altadis, la juez relata que se trata de «una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas». Alaya explica en su auto que «los resultados obtenidos no fueron suficientes» para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial «que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla» que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo «por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa».

«Consecuencia» de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo «por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta, compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno».

Cheque en blanco

Finalmente, el ERE de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz -cerrado desde marzo por la multinacional- y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 «por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas» del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

Este convenio de colaboración «no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta», de manera que «del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones».

De otro lado, y en relación a A Novo Comlink, dice la juez que la empresa «pasaba por dificultades económicas, por lo que en 2004 se dirigía al presidente de la Junta y al consejero de Empleo en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga», constando en el expediente una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, «a la que habrían asistido el presidente de la Junta -entonces Manuel Chaves-, autoridades laborales y los principales representantes sindicales».