La Fiscalía pide 18 meses de prisión y 9 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Arcos

El caso Cachones de Angorrilla sigue su curso judicial y la Fiscalía de Jerez ve indicios de delito en la actuación que llevaron a cabo la exalcaldesa de Arcos, Josefa Caro (PSOE), y otros seis miembros de su entonces gobierno. En concreto, la citada Fiscalía remitió un escrito el pasado 29 de abril al Juzgado Número Uno de Arcos, que lleva la instrucción, de cara a que abriera un juicio oral al apreciar que los acusados podrían haber cometido un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, recogido en el artículo 320.1.2 del Código Penal.

Para los acusados, que además de Caro son Benito Huertas, Joaquín Macías, Genoveva Medina, Francisca Morales, Rafael Barrios y Fernando Mancheño, la representante del Ministerio Fiscal pedirá penas de prisión de un año y seis meses, inhabilitación especial para cargo público de concejal durante 9 años y una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además de solicitar que tengan que hacer frente a las costas del proceso.

Los hechos que han originado esta situación sucedieron el 18 de octubre de 2010, cuando se reunión la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, a propuesta del entonces delegado de Urbanismo, Joaquín Macías (PSOE), quien no acudió accidentalmente. En la misma acordaron conceder licencias de ocupación a ocho viviendas de la calle Huertas del Barrio Bajo, conocida como Cachones de Angorrilla, para que pudieran contar con autorización para la acometida de servicios en las edificaciones que hay en las mismas.

«Licencias injustas»

Este caso fue denunciado a finales de 2012 por el propio Ayuntamiento, una vez que PP y AiPro conformaron el Gobierno local, razón por la que se procedió a imputar tanto a la ex regidora como al resto de concejales y se abrió el proceso de instrucción. Aunque de momento nadie del Gobierno local ha valorado el escrito y la petición de la Fiscalía, según ha podido saber LA VOZ, fuentes cercanas a dicho Gobierno aseguran que la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento pedirá penas todavía mayores.

La explicación política que en su momento se dio a estas licencias tiene que ver con la construcción de un vial público en esta zona. El Ayuntamiento buscó la forma de compensar a las familias que cedieron un trozo de su parcela para este espacio público con esta concesión que les permitiera contar con agua y luz corriente, entre otros servicios. No obstante, la fiscal encargado del caso destaca en su escrito que «votaron unánimemente a favor de la concesión de licencias de ocupación referidas a sabiendas de la injusticia de las licencias por ser de forma grosera contrarias al ordenamiento jurídico».