El plan de Inclusión Social recoge 393.000 euros para la ciudad

El PSOE de San Fernando ha destacado el «relevante esfuerzo» de la Junta de Andalucía por hacer del empleo «la principal medida de integración e inclusión social» tras aprobar la Administración autonómica el nuevo Decreto Ley de Inclusión, que destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, haciendo especial hincapié en aquellas que no tienen trabajo y no reciben ninguna prestación, así como en las familias con todos sus miembros en paro.

El presupuesto del decreto se suma, según manifestó la portavoz del PSOE isleño, Patricia Cavada, a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral para personas en situación de exclusión social o las Ayudas Económicas Familiares. Además, viene a modificar y ampliar el anterior de Lucha contra la Exclusión Social, «que destinó a San Fernando un total de 528.000 euros, generando 176 contrataciones en el municipio».

Para facilitar el acceso al mercado laboral a personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, el decreto establece un Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación dotado en San Fernando con 393.850 euros, sólo por detrás de Jerez de la Frontera, Cádiz capital y Algeciras «demostrándose una vez más el compromiso de la Junta de Andalucía con los isleños e isleñas que peor lo están pasando», apuntó Cavada. Además, destaca la portavoz socialista que se posibilitará también vincular la contratación al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) «que permite que entes sociales contraten a beneficiarios del IMS durante seis meses a jornada completa».

Y es que, tal y como incidió Patricia Cavada, «por mucho que el Gobierno Central y su réplica aquí en San Fernando, el gobierno de Loaiza, se esfuercen en presentarnos un escenario fantasioso e idílico de recuperación económica, la realidad del día a día es que aún son muchas las familias que lo están pasando mal por la crisis económica y, por ello, se requiere una respuesta inmediata y urgente por parte de las administraciones».

Por eso, el decreto introduce también prestaciones de urgencia social para atender, a través de los ayuntamientos, las necesidades básicas de suministros como la luz y el agua, equipamiento básico de la vivienda o necesidades urgentes.