Las ONG se suman a Becerril y piden abrir los comedores escolares en verano

Llega el verano y muchos padres se plantean qué hacer con los niños. Los campamentos de verano, los abuelos, familiares o cuidadores a domicilio aparecen como las mejores opciones para cuidar de los más pequeños cuando las aulas cierran sus puertas. Pero hay otros padres que tienen una angustia mayor. ¿Dónde comerán mis hijos durante el verano? Es la realidad que se vive en las familias españolas en las que la crisis económica ha esquilmado los recursos domésticos hasta convertir en imprescindibles los comedores escolares en el periodo estival.

Según el último informe de Save The Children, el 33,8% de los niños en España está en riesgo de pobreza (una cifra incluso mayor que la que dio Cáritas el pasado mes de marzo, cuando situó esta cifra en el 29,9%), lo que supone más de 2,8 millones de niños con nombres y apellidos, uno de cada tres niños. «No quiere decir que todos ellos sufran malnutrición, pero es evidente que la pobreza es un factor de riesgo para que no existan alimentos proteínicos en el menú de estas familias», señala Aurea Ferreres, responsable de Incidencia Política, Sensibilización y Campaña de Save The Children.

Conocedora de esta necesidad, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado a las comunidades autónomas -ya que los gobiernos regionales tienen transferidas las competencias en educación- a que establezcan medios para que este servicio se mantenga durante el verano porque «garantizar esta adecuada alimentación infantil debe ser una prioridad para todos los poderes públicos y un esfuerzo con el que debe comprometerse el conjunto de las administraciones».

17 millones del Ministerio

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerdan que se repartirán 17 millones de euros a principios del mes de julio a las comunidades autónomas para que los destinen a proyectos cuyo objetivo sea paliar la pobreza infantil. Según explican fuentes de este departamento, los 17 millones del plan de inclusión social aprobado por el Gobierno el pasado 13 de diciembre serán distribuidos en una conferencia sectorial de asuntos sociales y serán de ejecución inmediata. Para recibir la financiación, las autonomías tienen que presentar un proyecto específico al Ministerio -algunas lo han hecho ya- en el que se detalle en qué van a destinar la cantidad que les corresponde con el fin de atajar la pobreza de los menores.

En cualquier caso, muchas instituciones han recogido el guante, antes incluso de que lo hubiera lanzado la Defensora del Pueblo. El PSOE del Ayuntamiento de Madrid planteó ayer una Proposición No de Ley (PNL) para abrir los comedores escolares en verano para niños de familias en riesgo de pobreza y exclusión social, con la exención total del pago del servicio. Peticiones similares han sido puestas sobre la mesa por el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y en Baleares.

También ha habido voces críticas a las palabras de la Defensora del Pueblo, como la de la Junta de Andalucía, que ha recordado que ellos pusieron en marcha un plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria el pasado año. Un plan que, en conjunto, ha destinado 7,6 millones en ayudas a familias, comedores y escuelas de verano.

La decisión, en la mayoría de los casos, depende de una cuestión presupuestaria, aunque el coste dependería de la Comunidad Autónoma de que se trate, ya que el precio de los menú es diferente, según un informe de la Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos). De acuerdo a sus datos, el precio del menú oscila entre los 3 euros en las comunidades más baratas hasta los 6,81 de las más caras. En total, 90 euros por mes y niño.