Casi un tercio del juego ilegal de España se produce en Cádiz

El impacto del juego ilegal en la provincia de Cádiz ha crecido en un 67% en los dos últimos años, generando un fraude que suma más de 26,4 millones de euros. En la actualidad, Cádiz representa el 65,7% del juego ilegal que se genera en Andalucía y el 31,5% del total en España.

En una nota de prensa, la ONCE indica que Cádiz ha registrado un incremento notable de operadores de juego con un 51% más de vendedores ilegales, que suponen 717 vendedores en la provincia.

Estos datos están recogidos el informe que entregó ayer martes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, al delegado de la Junta, Fernando López Gil.

Cárceles ha mantenido un encuentro con López Gil, responsables de la Jefatura Provincial de la Policía Autonómica, y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, a quienes ha expresado su «máxima preocupación» por el crecimiento del impacto del juego ilegal en Cádiz y en Andalucía.

Para la ONCE, es precisa una actuación «contundente» de la Junta contra las actividades de los operadores ilegales «porque suponen actuaciones con clara competencia desleal que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores», ha expuesto Cárceles.

La ONCE y la Unión de Consumidores de España (UCE) lideran una «apuesta decidida por el juego responsable y la seguridad en el trabajo de las personas con discapacidad», ha manifestado Moreno. En este sentido, el presidente de los consumidores ha recalcado que junto a la ONCE luchan contra el juego ilegal «porque son actos de engaño a los consumidores, ya que les genera una absoluta indefensión sin ningún tipo de control sobre el volumen de ventas, la emisión de papeletas, el porcentaje de premios, o la certeza de los sorteos, y no puede ser que la excusa de la crisis pueda justificar ni dar amparo o cobertura a prácticas ilícitas».