Impulsa decidirá el martes si denuncia a su exdirector técnico

La empresa municipal Impulsa reunirá el próximo martes un consejo de administración, en sesión extraordinaria, para aprobar las responsabilidades tanto civiles como penales y las medidas legales que se llevarán a cabo contra el anterior director técnico, Julián Martín Bravo, en las actuaciones realizadas en la adjudicación de los aparcamientos subterráneos de Pozos Dulces y Plaza de Toros.

El consejo decidirá si exigir dichas responsabilidades conforme a un informe jurídico que ha elaborado la Universidad de Cádiz, que durante unos meses ha estado analizando todo el caso. Entre las responsabilidades que se le podría exigir estaría el pago de una cuantía, que podría rondar los 27.000 euros, por haber violado la cláusula de confidencialidad. Si se aprobara por los miembros del consejo, el exdirector técnico tendría una querella más, ya que se le sumaría a la que le interpuso el gerente de Impulsa, Cayetano Gómez, por injurias y calumnias contra su persona.

Cabe recordar que tras el escándalo de las supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras, se conformó una comisión especial informativa en donde se descubrió una grabación de 35 segundos donde Martín Bravo mostraba otra grabación con información sobre el proceso a personas relacionadas con empresas involucradas en el concurso, algo que afianzó más la acusación de Impulsa de despedirlo por filtración de información. Posteriormente, el proceso de valoración de los proyectos se encargó a una consultora externa, Idom.

Las catas, en proceso

La Junta de Gobierno aprobó el miércoles las licencias requeridas por Impulsa Aparca para llevar a cabo las catas arqueológicas exigidas por la Junta de Andalucía tanto en Pozos Dulces como en la Plaza de Toros. Dichas tasas ascienden a 250.018,33 euros en el caso del aparcamiento de Pozos Dulces y a 251.307,55 euros en el caso del aparcamiento de la Plaza de Toros. Tanto IU como PSOE han mostrado sus críticas con la forma y rapidez con la que se han gestionado dichas licencias, ya que fueron informados de la Junta de Gobierno horas antes de que se celebrara. Ambos partidos han acusado de «oscurantismo» al equipo de Gobierno.