El 'caso Natura', otro agujero a costa de los parados

La investigación que llevan a cabo en Málaga y con ramificaciones en otras provincias andaluzas recuerda al contenido de las diligencias que el juzgado nº 4 de Algeciras instruye desde 2012. El 'caso Natura' indaga en el destino final que tuvieron las millonarias partidas que recibió una empresa para dar cursos de formación a desempleados en la Comarca del Campo de Gibraltar. La sociedad bajo sospecha, Natura (Asociación de Apoyo al Medio Ambiente), está integrada en la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (FORPE), ligada al exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda.

La denuncia de una profesora por presuntas irregularidades en materia laboral tan sólo fue el prólogo de un supuesto pufo de dimensiones mayores. Lo cierto es que las pesquisas judiciales ya han tenido repercusiones extrajudiciales con el paso de los meses. Tras meses de publicaciones sobre los avances de las diligencias, la Junta movía ficha y le abría un expediente a Natura por presunto desvío de 1, 5 millones concedidos en 2010 -el mismo periodo sobre el que trabajan los investigadores de la UDEF en Málaga-. La Administración regional reconoce que esta entidad no ha justificado el uso de la subvención.

El testimonio de la docente ponía sobre la pista de estas posibles irregularidades. Afirma que al ser contratada para impartir un curso financiado por la Junta no le dieron de alta en la Seguridad Social y le indicaron que debía de ejercer como autónoma y justificar sus ingresos mediante facturas falsas. Esa fórmula de remuneración ha sido corroborada por otros profesores que antes de recurrir a la vía judicial presentaron reclamaciones administrativas en el SAE.

El 'caso Natura' y la 'operación Edu' siguen el rastro del dinero público que la Administración andaluza concedió a empresas privadas para formar a desempleados. Este tipo de formación es competencia de una dirección general de la Consejería de Educación tras extinguirse la polémica Fundación Faffe. Y al frente de ella se ha producido un relevo el año pasado, cuando la Junta conocía que había varios frentes judiciales abiertos que cuestionaban a su entonces directora general de Formación Profesional para el Empleo, Teresa Florido. La responsable de autorizar los expedientes de las empresas que recibían dinero público era cesada. Y sus competencias en un centenar de expedientes eran avocadas por la Consejería de Empleo. Ojeda y su fundación tenían hilo directo con esta dirección general puesto que Florido es su cuñada.

El PP recientemente, a través de su diputada Ana Mestre, cifraba en más de 50 millones de euros los fondos que recibió el entramado asociativo del exconsejero socialista. Prescal, otra de las sociedades ligadas a FORPE, fue una de las responsables de la formación del colectivo de afectados por el desmantelamiento de la planta de Delphi. Siete años después del cierre de la multinacional, los portavoces del grupo de trabajadores que aún siguen esperando una recolocación (unos 600), cuestionan si se fiscalizó a estas empresas que debían formarles para un reingreso en el mercado laboral que ha fracasado. Sus argumentos han ganado peso con el reciente informe de la Cámara de Cuentas que advierte de numerosas irregularidades en las ayudas extraordinarias que la Junta entregó a la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el reciclaje profesional de este colectivo.

Teresa Florido ha prestado declaración como testigo en el 'caso Natura' en el juzgado de Instrucción nº 5 de Sevilla que la interrogó por exhorto de la magistrada de Algeciras. El abogado de la acusación particular, impulsor de este procedimiento, no acudió a la citación y el trámite se ventiló con unas cuantas preguntas relativas exclusivamente al expediente sobre el curso en el que iba a trabajar la profesora denunciante. Florido se limitó a responder que desconocía los detalles de ese expediente que había sido autorizado antes de su nombramiento en 2011.

Esta empresa, que ha desaparecido de la Red y ha dejado de impartir los cursos de formación en el polígono la Menacha de Algeciras, recibió entre 2010 y 2011 2,5 millones de euros para formar a parados. Ese último año fue la entidad privada más subvencionada de la provincia de Cádiz para ese fin.