Uno de cada tres españoles conoce a alguien que trabaja en negro

Uno de cada tres españoles admite de forma abierta que conoce a alguien que trabaja en la llamada economía sumergida, es decir, ni está afiliado a la Seguridad Social ni tributa a Hacienda por los ingresos que recibe. Puede parecer mucho, pero si tenemos en cuenta que en la actualidad existen un millón de empleos 'en negro' -según uno de los últimos informes del servicio de estudios de La Caixa-, la proporción resulta casi normal.

Hablamos, por tanto, de que el fraude en materia laboral representaría cerca del 8% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, casi un tercio de la denominada actividad en B (o negra) conforme a los cálculos de algunos institutos nacionales e internacionales que la sitúan en el entorno del 24% del PIB.

No obstante, según el último Eurobarómetro publicado ayer correspondiente a 2013, sólo el 5% de los españoles encuestados por las instituciones comunitarias reconoce sin tapujos que su empleo estaría encuadrado en la economía sumergida, un punto más que la media de la Unión Europea. Ahora bien, si hablamos de quienes admiten que adquieren bienes y servicios sin factura y, por lo tanto, sin declararlo al fisco, el número de los incumplidores confesos de la ley alcanzaría el 8%, si bien en este caso por debajo del nivel más común entre el resto de Estados de la UE (11%).

Y es que la conducta ilegal en este ámbito que menos rechazo produce entre los españoles es precisamente que determinados trabajos privados se hagan por un particular sin mediar recibo ni factura oficial. Tal conducta sería «inaceptable» sólo para siete de cada 10 encuestados (72%), mientras que curiosamente si ese mismo comportamiento lo tiene una empresa, el rechazo a los pagos en B sube hasta el 87%.

Cada español se gasta una media de 250 euros anuales en ese tipo de trabajos irregulares (50 más que la media comunitaria), que van desde las reformas de viviendas (33%) hasta las reparaciones de coches (27%), los servicios de limpieza en el hogar (11%) y los alimentos (7%).

Si hablamos de evadir el pago de impuestos o declarar los ingresos sólo de forma parcial, el reproche de los ciudadanos aumenta hasta el 91%. Sin embargo, es algo menor (88%) el rechazo hacia las empresas que contratan personal en negro, por debajo incluso del número de personas (92%) que ven inaceptable que una sociedad subcontrate con otra trabajos sin declararlos ni a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Crece el rechazo

En el caso de la conducta irregular más extendida en estos casos, que consiste en recibir pagos en B o no declarados al fisco, es rechazada por nueve de cada 10 españoles consultados por las instituciones comunitarias. En la mayoría de las respuestas de la encuesta se aprecia un mayor grado de contrariedad hacia todo lo que tenga que ver con la economía sumergida -incluso ha aumentado en 11 puntos (75%) la oposición hacia quienes se cuelan sin billete en el transporte público- respecto al ejercicio anterior (2012).

Este aumento de la sensación de rechazo general no es óbice para que la ciudadanía siga pensando que el control de estos comportamientos irregulares no es precisamente el adecuado. En concreto, apenas el 29% de los españoles encuestados valora como alto el riesgo de ser descubierto por Hacienda o la Seguridad Social si actúa en negro, mientras que para el 58% esa posibilidad es claramente baja.

En cualquier caso, la importancia de la economía sumergida -cifras aparte- queda demostrada por el hecho de que, al menos, el 33% de los españoles afirma conocer a alguien que trabaja dentro de ella, aunque sea sólo un punto más que la media europea (32%). España, no obstante, es uno de los Estados de la UE donde más ha crecido ese porcentaje (en seis puntos) durante la crisis (2007-2013), hasta casi equipararlo al nivel de países como Grecia, Chipre y Portugal. Los autores del informe lo achacan a la recesión y al fuerte incremento del paro.

Los países europeos con mayor proporción de población que confiesa trabajar en negro son Letonia, Holanda y Estonia (11%), Dinamarca (9%), Lituania (8%), Suecia y Eslovenia (7%). España estaría un escalón un debajo, con un 5% (la media de la UE es del 3%). En el extremo contrario se sitúan Malta (1%), Irlanda, Italia, Chipre, Portugal y Alemania (todos con el 2%).