El nuevo Egipto vuelve al Estado policial

Belal Jalil estaba comprándose un traje para la boda de un familiar cuando fue detenido por la policía en el centro de El Cairo en el tercer aniversario de la revolución. Estaba en el lugar y a la hora equivocada. Fue llevado a la prisión de Abu Zaabal con otros cientos de arrestados, lo desnudaron, le raparon el pelo, y le lanzaron cubos de agua helada y le dieron una -otra- paliza.

Salsabil Gharabaui fue detenida en la universidad de Al-Azhar, donde estudia, por llevar un kit de primeros auxilios en el bolso. Estuvo bajo custodia policial durante 45 días, en los que fue agredida sexualmente y le obligaron a hacerse dos test de embarazo. Mohamed Jalid Shazli, de 17 años, fue detenido cuando volvía de clase de física y se cruzó con una manifestación. En la prisión de El-Marg le obligaron varias veces a beber agua con detergente para obligarle a vomitar. Cuando el mariscal Abdelfatah el-Sisi derrocó al presidente Mohamed Mursi el pasado verano en un golpe de Estado, prometió «restaurar la democracia en Egipto». Casi ocho meses después, sin embargo, el país del Nilo se parece cada vez más a un Estado policial, en el que el Ministerio del Interior, convertido en un monstruo que no rinde cuentas ante nadie, denuncian las organizaciones de derechos humanos, parece estar cobrándose una venganza contra la oposición con una campaña de represión, agresiones y torturas que supera a todo lo precedente.

«La situación está completamente descontrolada», afirma Suzan Fayyad, una de las fundadoras del Centro Nadim para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia y la Tortura. «Lo que está sucediendo a día de hoy es peor que cuando Egipto estaba bajo la ley de emergencia, que al menos era una ley. Ahora se violan incluso los preceptos de la ley de emergencia, es el matonismo sin control, (las fuerzas de seguridad) hacen lo que les da la gana y no tienen miedo de nada», señala esta psiquiatra, que lleva más de 20 años atendiendo a víctimas de malos tratos en Egipto.

Miles de personas han sido detenidas en los últimos meses, con cargos que a veces rozan el ridículo, y mantenidas en prisión preventiva, algunas de forma indefinida. Activistas y ONG denuncian que el país se rige bajo un Estado de emergencia no declarado que está socavando el principio de división de poderes en Egipto, ya que la Policía y la Agencia de Seguridad Nacional, que se encarga del espionaje interno, ejercen su control sobre la Fiscalía y la judicatura. Esta institución, que recoge el testigo de la infame Amn el-Dawla, la Seguridad del Estado, disuelta tras la revolución de 2011, ha instalado incluso una línea telefónica para delatores, en la que vecinos o compañeros de trabajo denuncian a todo aquel del que sospechan que pueda ser miembro de los Hermanos Musulmanes (declarados grupo terrorista) o traidor de algún modo a la patria.

«La Seguridad Nacional está ahora presente en todas partes. En las cárceles, con los fiscales, que investigan a los detenidos en presencia de alguien de esta agencia. Tienen incluso celdas especiales en las cárceles donde se llevan a los arrestados y los torturan para intentar sacarles información y confesiones», asegura Fayyad, quien señala que muchos de los detenidos no denuncian la tortura porque es posible que el torturador esté presente en el interrogatorio.

Los que se atreven a vencer ese miedo rara vez son escuchados. Es el caso del activista político Jaled el-Sayed, al que dieron palizas y presenció la tortura de otros muchos detenidos. En la comisaría de Azbakiya, donde fue llevado tras ser detenido en el aniversario de la revolución, le vendaron los ojos junto a otros activistas y les forzaron a escuchar los gritos de los que estaban siendo torturados y electrocutados. «Vosotros los revolucionarios tenéis la culpa de lo que les está pasando a estos chavales», les decían los agentes.

Cambio de orientación

El-Sayed y sus abogados intentaron dar parte al fiscal de las torturas que había sufrido, pero este se negó. Tampoco les permitió que un forense documentara sus heridas antes de que desaparecieran. Después de que sus abogados insistieran, el juez aceptó añadir en el informe que los letrados pedían una investigación sobre las denuncias de tortura, pero no detalló ni los testimonios ni las heridas del activista.

El Ministerio del Interior ha negado las acusaciones de tortura y asegura que tomará las medidas necesarias contra los que violen «el cambio de orientación» del Ministerio y «nuestra insistencia en que los derechos humanos y la dignidad de los detenidos sea respetada por los policías».

Los ejemplos que parecen poner en duda las afirmaciones del Ministerio se cuentan por cientos. Como el de Hani el-Fuli, al que daban un pan y una botella de agua para compartir con los otros 75 detenidos en su celda. O el de Fadi Samir, al que vendedores callejeros apresaron y llevaron a la Policía, acusado de ser miembro de los Hermanos Musulmanes. Cuando les enseñó su carné de identidad y vieron que era cristiano, le dijeron que entonces sería del movimiento juvenil 6 de Abril.

O el de Dahab, una mujer detenida cuando estaba embarazada de ocho meses, acusada de bloquear una carretera e impedir el paso de la Policía y el Ejército, que iban a dispersar una manifestación. La mujer dio a luz bajo custodia policial y esposada a la camilla. Su hija se llama Hurriya (Libertad).