El personal de Ouviña se sacude de cualquier responsabilidad en el fraude

Dos trabajadoras que estaban en la nómina del empresario gallego, Dávila Ouviña, principal implicado en la investigación por el fraude millonario en las ayudas a la reindustrialización de la Bahía, declararon ayer como imputadas ante la jueza instructora. Debían de haberlo hecho meses atrás, pero no comparecieron cuando habían sido citadas. Ambas residen en Galicia y constan en la causa como apoderadas de las sociedades que presuntamente captaron fondos públicos para el desarrollo de iniciativas empresariales con el fin de desviarlos a un grupo de empresarios que le dieron otra utilidad. Ésa es la conclusión a la que llegó la UDYCO en su investigación y que la jueza trata de reforzar en la instrucción.

Ambas aseguraron ser simples trabajadoras de Ouviña, que se limitaban a ejecutar las órdenes que recibían sin discusión; aunque alguna de esas directrices supusiera crear decenas de sociedades en un tiempo récord y en vísperas de cada convocatoria del Plan Reindus. Este programa, dirigido por el Ministerio de Industria, es el que financiaba los proyectos captados por la oficina Bahía Competitiva, creada a raíz del cierre de Delphi por parte de la Junta de Andalucía. Al frente de ella, la Administración regional puso a Antonio Perales, perteneciente a una de las familias socialistas con más influencia en el aparato regional del PSOE antes de que Griñán y su sucesora Susana Díaz se hicieran con el poder interno.

Ninguna de las dos empleadas, según fuentes del caso, cargaron de culpas al empresario para el que trabajaban ya que negaron en todo momento haber sido testigos de alguna irregularidad; sin embargo, lo responsabilizaron de todas las decisiones que se tomaron relativas a la creación de empresas y los supuestos proyectos empresariales que acudieron al Plan Reindus.

Los interrogatorios no aportaron datos nuevos que supongan un giro en el caso o la aparición de nuevos indicios. Como detalle anecdótico, una de las imputadas rompió a llorar ante la jueza. Dijo que la implicación en el caso le había arruinado su carrera profesional. Achacaba su situación de desempleo al hecho de que su nombre hubiera aparecido en los medios de comunicación.

Marina Rivada Rodríguez explicó que ella tenía su puesto de trabajo físico en Galicia y no estaba al tanto del desarrollo de los proyectos que debían ejecutarse en suelo gaditano. Aseguró que sus funciones se asemejaban a una simple administrativa sin capacidad de decisión alguna.

Gran parte de las preguntas que le dirigieron a la otra imputada, M. V. B. V., estuvieron relacionadas con la sobrina de Antonio Perales, también señalada en este caso. Barreira Vivian consta como apoderada de varias empresas y gerente de una de ellas: Soluciones Tecnológicas. Esa sociedad tuvo en nómina a Ofelia Perales y esa contratación le ha valido una imputación. La Policía considera que esa colocación laboral es una de las contraprestaciones que obtuvo Antonio Perales en su trabajo por favorecer al empresario gallego.

Como jefa, Barreira Vivian confirmó que Ofelia formaba parte de una plantilla formaba en su mayoría por trabajadores gallegos. Aseguró que el proyecto existió y que incluso comenzó a funcionar, pero que al poco tiempo se paralizó por falta de financiación.

Los interrogatorios continuarán el jueves de la semana que viene cuando pasen por el despacho de la instructora en calidad de testigos: la exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz; el exdelegado provincial de Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco, y dos responsables de la agencia IDEA.