El ahorro del recorte salarial del SAS se va en recargos judiciales

Recursos, más recursos y nuevas tasas judiciales. El tijeretazo al sueldo de los funcionarios aplicado en 2012 empieza a llegar ahora a los tribunales tras las reclamaciones interpuestas por decenas de empleados de la sanidad pública que denunciaron un agravio comparativo con respecto al resto. Sólo en la provincia se han presentado en torno a un millar que están recibiendo sentencias favorables donde se reconoce esas diferencias con respecto al resto de funcionarios incluso de la propia administración andaluza. Un agravio comparativo que les ha supuesto una reducción de las bases de cotización en función del recorte salarial y que va en contra del propio decreto ley.

Así lo denuncia el sindicato Satse, que emprendió en su momento una campaña para instar al SAS para reclamar la restitución de las cantidades cotizadas tal y como estipulaba la norma, solicitando su regularización. Pero ninguna de las reclamaciones fue atendida, por lo que los empleados públicos optaron por llevarlo ante los tribunales. Según explican fuentes del sindicato de enfermería, «dos juzgados en la provincia, uno en Cádiz y otro en Algeciras, están emitiendo sentencias que reconocen ese agravio. Sin embargo, el servicio público «ha optado por recurrirlas en lugar de acatarlas, con el consiguiente gasto en recargos judiciales y tasas que supone», aseguran desde Satse.

A día de hoy son ya nueve las sentencias llevadas ante el TSJA que la Junta ha visto perder y que la condenan a regular las bases de cotización y a pagar las costas del juicio, según las fuentes consultadas. Al parecer, este exceso en la judicialización de los procesos administrativos empieza a ser habitual, continúa Satse y denuncia que «el SAS no sólo se dedica a no cumplir las leyes y a vulnerar los derechos de sus trabajadores, sino que gasta el dinero público en recurrir sentencias, que no hacen más que alargar la situación de discriminación en la que se encuentran los profesionales».