El Pleno de Arcos aprueba el proceso de regularización de viviendas

Todos de acuerdo en poner en marcha el proceso de regularización de viviendas en Arcos aunque unos se atribuyen el mérito y otros lo achacan a la gestión de la Junta. El Pleno del Ayuntamiento arcense aprobó ayer el avance de la delimitación de los asentamientos urbanísticos y el hábitat rural, un primer paso para regularizar 1.800 viviendas, del total de 2.800 que tiene el municipio, que se encuentran levantadas en una zona ilegal. El Gobierno local, PP y AiPro, se congratuló de haber puesto en marcha esta medida y el PSOE defendió que éste es el desarrollo lógico de la aplicación del Decreto de la Junta de Andalucía en esta materia.

El millar de viviendas que quedan fuera en esta ocasión pretenden encontrar salida a través del Plan General de Ordenación Urbana en unas fases posteriores de la intención de normalizar puesta en marcha. Además, la previsión de ingresos que se han realizado por estas regulaciones fue uno de los puntos que más debate levantó en la sesión, ya que desde el PSOE se dudó de que fuera fiable cobrar unos 900.000 euros por este concepto, a pesar de que ya se han asignado como ingresos esperados en el Presupuesto de 2014.

Otro asunto urbanístico también generó polémica, hasta el punto de que el Gobierno local se quedó solo para sacarlo adelante. En concreto, PP y AiPro aprobaron el cambio de uso de una parcela de El Santiscal para que pueda ser utilizada como la base de trabajo del proyecto de cable-esquí, permitiéndose incluso la creación de una zona de restaurante, que se creará junto a la playa artificial que se está construyendo. El Gobierno defendió que se trata de un proyecto turístico importante para el desarrollo y el PSOE se opuso al mismo por considerar que se podría tratar de un caso de "urbanismo a la carta". Además, recordaron que el proyecto cuenta con alegaciones presentadas por casi una treintena de vecinos que se oponen al proyecto.

IBI viviendas sociales

Por último, en la sesión plenaria se aprobó la bonificación de un 95% sobre el pago por Impuesto de Bienes Inmuebles que tienen que pagar los arrendatarios o beneficiarios de las mismas. Desde el Gobierno local se lamentó que la Junta cobre a los vecinos este impuesto y después no pague al Ayuntamiento y desde el PSOE se recordó que estas viviendas tuvieron que empezar a pagar IBI por una imposición del Gobierno Central.