Alaya busca conocer cuánto dinero han cobrado UGT y CCOO de los ERE

La jueza Mercedes Alaya está decidida a averiguar cuánto dinero han obtenido los sindicatos de los ERE que investiga y ha pedido los movimientos de las cuentas corrientes de siete federaciones de UGT y CCOO en Andalucía y también en el País Vasco. El auto recoge la petición de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relata la trama de las sobrecomisiones que los intermediarios de los ERE cobraron a la Junta.

La UCO cifra el total percibido por diez expedientes de ayudas, (Surcolor, González Byass, Cespa, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Hotel Cervantes, SOS Cuétara, Bilore y Calderinox) en 18.065.630 euros, una cantidad que equivale al 13,6% del importe de las pólizas investigadas, muy por encima de lo que se paga en el mercado, que es el 4,6%, es decir que se percibieron más de 12 millones en sobrecomisiones.

Tanto el atestado como el auto recogen la cifra de más de siete millones de euros como la cantidad que los sindicatos y sus entornos societarios recibieron de las mediadoras «indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas».

Acceso a las cuentas

La magistrada quiere conocer las cuentas de la Federación de Industria de CCOO- Andalucía, la Federación Agroalimentaria andaluza, CCOO del País Vasco, la Federación Agroalimentaria de UGT-Cádiz, la Federación Andaluza del Metal de UGT, la Federación de Industria de UGT-A y el sindicato UGT del País Vasco, así como sobre las cuentas de enlace con sus respectivas federaciones a nivel regional y estatal.

Alaya indica que «se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de sus empresas Atlantis Asesores, en el caso de CCOO, y ASP Asesoramiento, ITG y Temique para UGT», cuyas cuentas bancarias y cualquier tipo de movimientos en ellas también reclama conocer. La jueza indica que con las últimas investigaciones de la Guardia Civil se ha dado un «paso cualitativo» en la investigación del blanqueo de capitales, con la posible intervención de directores de sucursales bancarias, y se ha puesto de manifiesto el entramado empresarial organizado y dirigido por Juan Lanzas, a través del cual se canalizaba el dinero desviado de la Junta. Unas cantidades que eran objeto de un «proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero, para su reintroducción en el mercado económico».

También precisa el auto que, según la Guardia Civil, «el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras no coincide con la cantidad de pagos que estas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos». Para el «trasvase de los fondos indiciariamente de origen ilícito», el «conseguidor» Juan Lanzas utilizó a su hija María Lorena y las empresas Canal Baeza y La Loma S.L., así como la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, de la que era presidente y que pidió ayudas públicas a la Junta.

Asimismo, el atestado de la UCO refleja un «presunto incremento patrimonial ilícito» del exdelegado de la Junta Antonio Rivas, que está citado a declarar ante Alaya el viernes. Lanzas tuvo a la novia del hijo de éste, María del Carmen Borrego, trabajando para varias de sus empresas, en concreto Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, de las que habría recibido 21.840 euros.