Sacyr amenaza con más retrasos si no se cofinancian sobrecostes en el Canal

Más dinero y menos palabras. Es en lo único que parecen coincidir la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio adjudicatario de sus obras de ampliación, encabezado por el grupo español Sacyr y el italiano Impregilo, que cuentan como socios minoritarios con la firma belga Jan de Nul y la panameña Cusa. El problema es quién ha de ponerlo sobre la mesa para financiar los sobrecostes del proyecto que, según las empresas, ascienden a 1.600 millones de dólares (unos 1.225 millones de euros).

Desde el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), del que Sacyr e Impregilo cuentan con un 48% cada uno, se emitió ayer por la noche un comunicado oficializando la propuesta que ya habían hecho de palabra en los últimos días a la ACP: cofinanciar esos gastos imprevistos -en principio, a medias entre ambas partes-, aunque en la nota no se especifica.

Argumentan que esos sobrecostes -derivados en su mayor parte de problemas geológicos y el suministro de materiales- alcanzan los 100 millones de dólares al mes y que, a ese ritmo, es «necesario» alcanzar un nuevo acuerdo para financiarlos. Añaden, asimismo, que están ampliamente «documentados» y «no hay discusión» sobre su existencia -aunque la ACP si cuestionan algunas de ellas y también lo elevado de ciertas sumas-, de modo que «lo único que se discute es quién los tiene que pagar, el contratista o el cliente».

Para las autoridades panameñas, sin embargo, la solución al conflicto «debe darse dentro de los mecanismos que indica el contrato -a través de una junta bilateral- y ninguno incluye recurrir a un tercero». Allí se estipulan, según la ACP, unos sobrecostes máximos del 10% para un proyecto presupuestado en 3.200 millones de dólares, por lo que ya habrían sido ampliamente rebasados.

El consorcio se había ofrecido a anticipar 100 millones de dólares, pero reclamaba 400 al Canal. No obstante, estaría dispuesto a repartir las sumas si incluyeran todos los sobrecostes. Las autoridades locales se oponen porque estiman que, al menos, un parte no serán reconocidos y, además, alegan que ya entregaron a cuenta 780 millones de dólares, dentro de los 2.800 millones que ya han desembolsado por el proyecto.

Aunque el preaviso que dieron a principios de año para poder parar los trabajos por problemas de liquidez a partir de hoy no se materializará por el momento, el consorcio amenazó ayer con nuevas demoras en las obras -de las que «casi» se ha ejecutado el 70%-, que acumulan nueve meses de retraso. Si no hay acuerdo, advirtió, «no terminarán en los plazos previstos» y se irán más allá de junio de 2015, la última fecha que se manejaba. La respuesta de la Autoridad del Canal fue que los trabajos ya se han ralentizado -su ritmo ha bajado un 75%- y mucho, «sin justificación», en las últimas fechas.

Más aún, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, insistió en que «no es un problema de negociación, sino que el contratista debe continuar la obra y presentar las reclamaciones en las instancias indicadas». La posibilidad de un arbitraje internacional es rechazada, a priori, por ambas partes. Por ello, la labor que «se está planteando» la Comisión Europea es «buscar una fórmula para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el que están inmersas y la obra pueda continuar al ritmo previsto», explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo.

Más créditos del BEI

Tras hablar con todas las partes implicadas -y descartado que las obras paren en los próximos días-, desde el Ejecutivo español tienen claro que la única solución viable pasa por que algún organismo internacional ponga parte de los 1.500 millones de dólares que, según estima la ACP, harían falta para terminar las obras conforme a los sobrecostes reclamados.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede ser -también se ha hablado del Banco de Desarrollo para América Latina, que cuenta con un remanente aprobado de más de 300 millones de dólares para dedicar al Canal-, pero el problema es que ya ha aportado 500 millones y que sus requisitos rigurosos para la devolución de los créditos -se descarta cualquier ayuda a fondo perdido- exigirían nuevos avales. Y no sería fácil lograrlos -la compañía española de seguros a la exportación, Cesce, ya tuvo que suscribir una póliza de 150 millones para respaldar a Sacyr-, porque los gobiernos implicados (España, Italia y Bélgica) no parecen dispuestos a aportar mayores garantías financieras.

Las cuentas del consorcio reflejan unas posibles pérdidas de casi 1.000 millones de dólares (unos 740 millones de euros), que en su mayoría asumirían Sacyr e Impregilo (350 millones de euros cada una). De esa suma, ya tiene anotados oficialmente unos números rojos de 324 millones de euros. Y eso tras apuntarse como ingresos otros 490 millones de reclamaciones todavía no reconocidas.