La Audiencia ordena tirar una casa ilegal en El Puerto días antes de regularizarse

La regularización masiva de viviendas ilegales mediante la actualización de los planes urbanísticos en los municipios más afectados por este fenómeno, como El Puerto y Chiclana, está acotando cada vez más el ámbito de lucha contra estas construcciones que emprendió años atrás la Fiscalía de Cádiz. Una reciente sentencia de la Audiencia de Cádiz demuestra cómo en una misma zona portuense, propietarios de edificaciones levantadas sobre un suelo que hace menos de diez años estaba considerado de especial protección, pese a ser todos ellos condenados por un delito contra la ordenación del territorio a una pena menor de cárcel (seis meses) y una multa de poco más de 2.000 euros, la mayoría ha logrado salvar su casa de una orden de demolición. De un grupo de seis viviendas que fueron denunciadas en 2008, tan sólo está amenazada una de ellas. Por medio se ha cruzado un nuevo PGOU que legalizó cuatro de las edificaciones y una quinta no se ha librado por tan sólo unos días.

La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso interpuso por la Fiscalía contra una sentencia dictada en mayo del año pasado por el juzgado de lo Penal nº 2 de Cádiz que condenaba a los propietarios de las seis casas pero no ordenaba la demolición, en contra de las tesis del fiscal, por entender que están enclavadas en parcelas incluidas en el nuevo PGOU de El Puerto y en espacios sometidos «intensamente» a procesos de construcción como la Cañada del Verdugo.

Así, el tribunal de la Sección Cuarta ordena la demolición de la casa levantada por un matrimonio, subrayando el carácter de segunda residencia que tiene el inmueble, pero no admite la petición de derribo para otra por entender que el dueño sólo realizó modificaciones sobre una edificación ya existente, como la sustitución de un tejado y la construcción de un porche. El Ministerio Público no recurrió la demolición de las otras cuatro porque el terreno donde se asientan había sido regularizado por la aprobación parcial del PGOU desde marzo de 2012.

Distinta suerte han corrido los dueños del chalé que ya cuenta con una orden de demolición dictada por sentencia firme. La Audiencia se pronunció, favorable al derribo del inmueble, el pasado 15 de noviembre. La aprobación definitiva del plan de ordenamiento portuense no se produciría hasta primeros de diciembre. Ese nuevo texto, que sustituye al que marcó los límites urbanos del municipio en 1991, tuvo desde 2012 hasta diciembre de 2013 una serie de apartados suspendidos por el Gobierno regional mientras resolvía una correcta actualización a la norma andaluza. Esos apartados incluían suelos urbanos no sectorizados para los que la Junta solicitaba una aclaración mayor o que directamente se ubicaran en suelo no urbanizable. El documento final, que obtuvo el visto bueno, supondrá la legalización de más de 5.000 inmuebles que se levantaron en El Puerto incumpliendo las normas urbanísticas.

En esta situación intermedia se encontraba la vivienda de la Cañada del Verdugo y a ese argumento se agarró su defensa para tratar de evitar la orden de demolición. El juez de primera instancia los aceptó, dictaminando que no podía responsabilizar a los dueños de que faltaran unos trámites que son competencia de la Administración. La Audiencia le responde que los únicos responsables de construir una segunda residencia en suelo de especial protección son los condenados.

Pese a esta sentencia, su ejecución se antoja complicada. La Audiencia reconoce que en caso de que el suelo sea regularizado se quedaría sin efecto. Y estos procesos de ejecución acumulan años de retraso. En enero del año pasado se hacía efectiva la demolición de una vivienda ilegal en Puerto Real que tenía una orden judicial desde hacía tres años. Esas demoras siempre juegan a favor de los propietarios.