Sacyr ve cerca el acuerdo en Panamá pero mantiene la amenaza de parar las obras

Sacyr «sólo contempla» como escenario «posible» para el conflicto abierto sobre las obras de ampliación del Canal de Panamá que estas «continúen y se acaben». Así lo afirmó ayer su presidente, Manuel Manrique, en una multitudinaria rueda de prensa. Sin embargo, y pese al «optimismo» declarado por el responsable de la constructora española, no pudo dar plena seguridad de que así será, mientras la cuenta atrás de su ultimátum sigue en marcha.

De hecho, casi al final de su intervención, tuvo que reconocer que el consorcio internacional en el que participa Sacyr junto a otras tres empresas del sector -Grupo Unidos por el Canal (GUPC)- no ha retirado aún el preaviso que dio a las autoridades panameñas el pasado día 1, en el que advertía de que los trabajos se suspenderían el lunes próximo si antes no se alcanza un acuerdo sobre el pago de los sobrecostes generados hasta el momento. Es decir, se mantiene la amenaza de paralizar el proyecto, pues es el elemento de fuerza con el que juegan para, al menos, lograr una solución temporal.

Manrique, no obstante, quiso evitar el término «parche» para referirse a ella, aunque resulta el que mejor la describiría. Y es que, ante una reclamación de gastos imprevistos que alcanza los 1.600 millones de dólares para todo el GUPC -la firma española, no obstante, la sitúa en 1.625 millones de euros-, las conversaciones actuales se están centrando en lograr que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) resuelva directamente... y a su favor las reclamaciones de menor cuantía (de cinco, 10, 20 millones...), sin tener que acudir para ello ni a la junta de resolución de conflictos prevista en el contrato entre ambas partes ni tampoco a los órganos internacionales de arbitraje, que quedarían así reservados para las solicitudes más onerosas -por ejemplo, 500 millones de dólares por la necesidad de más basalto (para elaborar cemento) que el previsto-.

Con ello se ganaría tiempo... y dinero, pues se prevé que hasta finales de abril o principios de mayo no haya una primera decisión de la referida junta sobre las principales reclamaciones económicas. Con ello, asimismo, se lograría mejorar el flujo de caja ('cash flow') necesario para pagar a los proveedores y terminar las obras a mediados de 2015, en vez de febrero de 2016 como había llegado a plantear la constructora aunque por encima del plazo de octubre de 2014 previsto en el contrato. Las últimas negociaciones apuntan una solución tan temporal como salomónica, de manera que la Autoridad del Canal volvería a dar los adelantos que tuvo que suspender meses atrás por problemas de tesorería -ofrece ahora 75 millones de euros frente a los 290 que pide el Grupo- y, a su vez, el consorcio internacional también seguiría anticipando parte de los sobrecostes -hasta ahora han tenido que invertir 280 millones de euros extra por ello-. Lo que sí está descartado, como recordó Manrique, es que el Gobierno español pudiera ofrecer un aval del Estado que permitiera agilizar la financiación necesaria, una posibilidad que la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, desestimó días atrás.

«Cumplir los compromisos»

Los «deseos» del presidente de Sacyr, quien reconoció ser más «optimista» que otros directivos respecto a la resolución del conflicto, le llevaron incluso a minimizar su importancia -pese a haber ocupado grandes espacios en la prensa internacional-, hablando sólo de «inconvenientes puntuales» que «no supondrán un quebranto importante» para sus cuentas. «Hemos ido a Panamá para quedarnos», insistió, al tiempo que señaló que su grupo «cumplirá todos los compromisos». La «voluntad» de los cuatro socios es acabar las obras, dijo, aunque «es normal que surjan discrepancias al ser de países diferentes (España, Italia, Bélgica y Panamá) y tener filosofías distintas».

Manrique, «esperanzado y confiado» en que el diálogo a varias bandas llegue a buen puerto -«las cosas están hoy mejor que hace dos días, y espero que peor que pasado mañana», apuntó-, sí admitió, no obstante, que las obras se están ralentizando precisamente por la falta de acuerdo respecto a los sobrecostes. «Ha habido reajustes de equipos y eso puede haber afectado a los ritmos de trabajo previstos», dijo.