La Policía concluye que el PP financió actos electorales de forma irregular por cuatro vías

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que el PP financió de manera irregular mítines y otros actos partidarios apoyándose en la trama 'Gürtel'. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega la Policía en uno de sus más amplios informes, de 265 páginas, sobre la red corrupta que salpica a los populares y en el que analiza la documentación que se incautó en su momento en las oficinas centrales de la trama de Francisco Correa, en el número 40 de la madrileña calle de Serrano.

De acuerdo con el informe, fechado ayer mismo, el PP usó hasta cuatro vías diferentes ilegales para pagar actos de carácter político entre 2002 y 2004. El primero de estos atajos de financiación irregular fue la «facturación a una fundación vinculada orgánicamente al PP con cambio de concepto y de entidad». Según el informe, Special Events, la empresa de 'Gürtel' especializada en montaje de eventos y que fue beneficiada con innumerables contratos públicos y privados por parte del partido y de las administraciones públicas regidas por los populares, «emitió facturas» por actos realizados para el PP de Madrid en las campañas de las elecciones autonómicas de 2003 y europeas de 2004, así como en los congresos regionales de 2002 y 2004, que luego se «transformaban en actos desarrollados para Fudescam», una fundación ligada al PP madrileño, «cambiando el concepto prestado y la entidad».

La Policía afirma que Fundescam recibió «fondos» de «empresas privadas adjudicatarias de obras o servicios públicos» y que parte de esas comisiones se «destinaron a financiar actos realizados en las campañas electorales del Partido Popular».

La segunda vía de financiación irregular de actos del PP que recoge la UDEF es la que denomina «fondos en efectivo de origen desconocido». Los investigadores sostienen que documentos de la campaña de las elecciones gallegas de 2001 «indican» que numerosos «gastos de ejecución de los actos» fueron «abonados» por tres cheques bancarios, dos de los cuales fueron cobrados por el propio Correa, y otros tres pagos opacos del propio PP, cuyo origen sigue siendo una incógnita.

Congreso

La tercera fórmula con la que el PP sufragó de forma ilícita sus gastos de campaña, según la investigación policial, fue «mediante la utilización por parte de la organización de dinero ajeno al circuito económico legal». Esta estrategia, se asegura en el informe, se usó en la Comunidad Valenciana, en particular para sufragar el XVII Congreso PP en aquella región. La propia Special Events, Correa en realidad, hizo un regalo a los populares, pues pagó de su bolsillo a los proveedores del acto 81.653,64 euros «en dinero B», que posteriormente fueron «repuestos con dinero de la caja B de Serrano». Ese mismo sistema se usó para pagar un acto el 13 de noviembre de 2004 en el Palau de la Música de Valencia, en el que la empresa de eventos de 'Gürtel' pagó de sus arcas directamente 16.061,27 euros.

La cuarta ilegalidad, siempre según el documento de la UDEF, que cometió el PP y algunos de sus dirigentes a cuenta de los actos electorales fue el «reparto entre los miembros de la organización y personas vinculadas al Partido Popular de parte de los beneficios generados por la ejecución de campañas electorales». En esta última vía tuvo un papel central la sociedad Rialgreen, que fue contratada por los populares para la realización de las campañas autonómicas y generales celebradas en 2003 y 2004. Esa empresa sirvió para que buena parte del dinero de los actos del PP acabara en negro en, asegura la UDEF, los bolsillos de Correa, Luis Bárcenas, Gerardo Galeote y Jesús Sepúlveda.

Este largo informe, que era uno de los que Pablo Ruz había reclamado con urgencia a la Policía para encarar la recta final del 'caso Gürtel', también confirma uno de los extremos más delicados para el PP, que el propio partido y las administraciones que gobernaba fueron la principal fuente de origen de dinero ilícito de la trama 'Gürtel'. El documento insiste en que el origen de la fortuna que llegó a amasar Correa procedió sobre todo de la «contratación pública de eventos y servicios» amañados de Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana y los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte.

La UDEF incide en que los gobiernos que presidió Esperanza Aguirre «fraccionaron» los contratos para soslayar los concursos públicos y así beneficiar a las empresas de Correa. En Valencia, explica la Policía, el procedimiento fue el mismo. Solo Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez 'el Bigotes' ingresó entre febrero de 2008 y febrero de 2009 hasta 1,2 millones de euros de la administración de Francisco Camps.