La Cámara de Cuentas, a examen

La Cámara de Cuentas ha celebrado este año su 25 aniversario. Un cuarto de siglo en el que este órgano de extracción parlamentaria obligado a fiscalizar las cuentas públicas de Andalucía, las de la Junta y también las de los ayuntamientos, apenas ha dado que hablar. Hasta que estalló el escándalo de los ERE fraudulentos a principios de 2010. Ahora casi cuatro años después, la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, ha ordenado mediante un auto que los peritos de la Intervención General del Estado se pronuncien sobre las funciones de la Cámara andaluza en la «rendición de cuentas anuales de la Junta de Andalucía» en relación con las ayudas sociolaborales concedidas en el programa 31L de los presupuestos desde 2000 a 2012, la famosa partida que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso, llamó «fondo de reptiles».

Según un informe reciente de la misma Intervención del Estado, durante estos años se concedieron 850 millones de euros por un sistema (primero el de las transferencias de financiación y luego el de las encomiendas de gestión a través de una empresa pública IFA, luego IDEA) que no era el adecuado, lo que podría derivar en que las subvenciones y prejubilaciones pagadas con cargo a la partida podrían ser «nulas de pleno derecho».

La Cámara de Cuentas, en una auditoría encargada por el Parlamento sobre la misma partida, pero referida solo a los años 2001-2010 (los primeros investigados por Alaya) concluyó casi lo mismo ya en 2012: que el sistema utilizado por la Consejería de Empleo para pagar los ERE y ayudas a empresas en crisis no era el idóneo porque tratándose de subvenciones carecía de la obligada publicidad. Aquel informe nació tras una sonada polémica que desveló la guerra soterrada en la Cámara entre consejeros propuestos por el PP y los del PSOE. Las tres consejeras del PP (María José Camilleri, Sandra Garrido y Amelia Martínez) votaron en contra de parte del informe, aquel que había eludido incluir amonestaciones de los peritos a las actuaciones políticas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.

Tanto Mercedes Alaya como la Fiscalía anticorrupción reclamaron al Parlamento los borradores del famoso dictamen. Este, no obstante, era en sí bastante crítico con la labor de la Junta de Andalucía y venía a dar la razón en parte a la tesis de la jueza Alaya. De hecho, esta lo utiliza como sostén jurídico en el auto que señala por segunda vez a Chaves, Griñán y cinco exconsejeros como imputados en el sumario. Pese a ello, ahora Alaya quiere que la Intervención del Estado esclarezca si la Cámara realizó dejación de sus funciones al no haber detectado durante una década que se adjudicaban subvenciones sin el procedimiento legal, raíz del fraude y menoscabo a las arcas públicas, según la magistrada.

El auto de Alaya ha hecho brotar de nuevo la guerra de los partidos en la Cámara. La petición ha escocido especialmente al PSOE porque por primera vez un órgano del Parlamento es fiscalizado por un gobierno. «Al que tiene rendir explicaciones la Cámara de Cuentas es al Parlamento, no al Gobierno», dicen fuentes del PSOE. Para este partido es inadmisible que se cuestione la solvencia de la institución andaluza. El PP, por su parte, opina que el auto de la jueza Alaya avala su tesis de que la institución «forma parte del entramado del régimen socialista» y es «un chiringuito al servicio del PSOE», según declaraciones del secretario general del PP-A, José Luis Sanz, quien ha pedido que comparezcan en el Parlamento el actual presidente, Antonio López, y su antecesor, Rafael Navas, ambos catedráticos de universidad.

Sin mayoría

El PP debe referirse al grueso de los 120 empleados y funcionarios de la institución, ya que en el órgano de gobierno de la Cámara, el PSOE nunca ha tenido mayoría absoluta en la década investigada por la jueza. Es más, Rafael Navas fue presidente a propuesta del PP y estuvo en el cargo desde 1996 a 2011, todos los años de los ERE fraudulentos. Le sustituyó Antonio López en 2011 a propuesta del PSOE. Este partido tuvo en la pasada década tres representantes, el PP, otros dos, IU, uno y el PA otro. En enero de 2012, antes de las elecciones, el consejero del PA fue sustituido por Amelia Martínez, del PP, que había sido coordinadora de departamento en la misma Cámara. El PP tiene como el PSOE tres consejeros, uno de ellos, María José Camilleri, es vicepresidenta del organismo.

Durante la década cuestionada, los dictámenes de las cuentas generales de la Junta, que por obligación debe auditar la Cámara, salieron con el apoyo de todos los consejeros, lo que se reflejaba luego en el Pleno del Parlamento. Desde 2001 a 2010, ningún grupo parlamentario vota en contra, aunque desde 2007, el PP se abstiene.

La orden de Alaya sucede después de conocer cómo el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez polemizó con los auditores de la Cámara por el borrador filtrado y les cuestionó su trabajo si durante diez años no pudieron advertir nada. También tras las alegaciones del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, que considera «santificado»el procedimiento de los ERE por la Intervención, la Cámara de Cuentas y el Parlamento, ya que, por este orden, todos dieron por buenas las cuentas generales de la Junta sin advertir ninguna irregularidad en el programa de ayudas. Cañete sostiene que los peritos, profesionales de «altísima cualificación», no vieron nada pese a que el programa se explicaba con todos los detalles que ahora son considerados ilegales por la jueza.

La gran paradoja en todo este embrollo es que cada consejero tiene tutoría sobre una sección de las cuentas públicas y el responsable de las subvenciones durante la mayor parte de los años de los ERE fue Eduardo Rodríguez Melgarejo, propuesto por el PP.

La situación no se ha calmado. Los consejeros de la Cámara todavía no han logrado este mes aprobar las cuentas generales de la Junta de 2012 por discrepancias no ya entre PP y PSOE, sino entre este e IU a cuenta precisamente del polémico procedimiento de los ERE. El último día para hacerlo es el próximo día 30.

Ley de transparencia

La de Alaya es también una petición controvertida porque llega en un momento en el que el propio Gobierno central se cuestiona la continuidad de las cámaras de cuentas autonómicas y un informe negativo podría dar alas a esa pretensión política. El PP andaluz se ha opuesto hasta ahora a que se suprima la institución andaluza, recogida por el Estatuto de Autonomía, aunque no ve mal que se haya eliminado la de Castilla-La Mancha.

Y aún hay otra cuestión en liza: En los primeros días de enero el Gobierno de Susana Díaz tiene intención de aprobar su ley de Transparencia, en la que se otorgaría nuevos poderes a la Cámara de Cuentas, como los de auditar la contabilidad de los partidos políticos con implantación en Andalucía, algo a lo que se opone el PP. Hasta ahora los partidos solo están obligados a entregar a la Cámara sus gastos en las campañas electorales autonómicas. También tendría capacidad de multar a los cargos políticos que incumplan la obligación de presentar cuentas. Según ha denunciado reiteradamente el presidente de la Cámara, Antonio López, los más reticentes en rendir cuentas son los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el PP-