Unesa culpa de la subida de la luz a la incertidumbre por la reforma eléctrica

El presidente de la patronal eléctrica (Asociación Española de la Industria Eléctrica, Unesa), Eduardo Montes, responsabiliza a los grupos financieros y a la incertidumbre que ha generado la reforma del sector energético de la fuerte subida del precio de la luz que salió en la última subasta (10,5%), luego invalidada por el Gobierno. Montes explicó que las cinco grandes eléctricas asociadas en Unesa (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EON y Edp) solo representan el 10% de la subasta, en la que intervienen fondos y banca de inversión, entidades financieras, importadores, empresas generadoras extranjeras y otras.

En la subasta trimestral CESUR, que es la que determina el 40% del precio de la luz en alrededor de 19 millones de contratos, lo que se manejan son contratos de futuro, por lo que tiene un alto componente especulativo. Se trata de una subasta descendente: se fija un precio máximo y a partir de ahí se va bajando el precio y casándolo con determinados paquetes de producción. El intermediario gana si el precio del mercado es menor en el trimestre en que tiene que comprar esa energía y pierde si el mercado lo sube. Según Montes, los grupos financieros en las subastas «se cubren» y «es probable que la prima de riesgo haya aumentado» en este ámbito porque todavía no se conoce «la letra de la ley» de la reforma.

El representante de las grandes eléctricas exigió «transparencia» al Gobierno, en un desayuno organizado por la Apie (Asociación de Periodistas de Información Económica). Montes reclamó conocer el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en base al cual se anuló, por primera vez, una subasta CESUR. De momento, Unesa ha entregado un escrito a la CNMC para que «a la mayor brevedad» determine si ha habido comportamientos no competitivos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió ayer en que hay «indicios de manipulación en la subasta». No obstante, en una entrevista en la Cadena Ser, el ministro matizó que no ha dicho «por parte de quién». Desde las eléctricas lamentan que se las está «demonizando».

El informe que Competencia trasladó al Gobierno destacaba que hubo un volumen un 11,5% inferior al de otras subastas y que se produjeron más retiradas que en otras convocatorias. El resultado fue un precio superior en un 7% al de mercado el día anterior cuando en las diez anteriores subastas la diferencia nunca había superado el 2%. Competencia concluye que estas circunstancias y otras deben ser objeto de investigación. Además, señaló que habían estado indisponibles más de 6.000-8.000 MW en el mes de diciembre en producción, procedentes de cuatro grupos nucleares (de los 8 existentes), instalaciones de carbón, de ciclo combinado de gas y de instalaciones hidráulicas.

Anulada la subasta por esas circunstancias atípicas y sospechas de manipulación, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el modelo para determinar el precio de la luz en enero, que podría extenderse a los trimestres siguientes (la tarifa de último recurso se fija trimestralmente). Se tratará de un nuevo mecanismo para calcular la tarifa eléctrica que refleje «las señales reales del mercado», según anunció Soria en Canarias.

El presidente de la patronal eléctrica acusó al Gobierno de haber causado un perjuicio «gravísimo» a las empresas y aseguró que, aunque «en este momento» no tienen intención de emprender acciones legales, «nadie descarta nada». Montes planteó, una vez más, que los costes regulados, que suponen unos 12.000 millones de euros en subvenciones y primas, no se incluyan en el recibo de la luz, sino que se abonen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno intenta ahora reducir la alta tensión con las empresas y el titular de Industria no quiso entrar en polémica con las compañías. «Que no esperen al Gobierno en ningún debate estéril, que no vamos a estar», dijo Soria en respuesta a las duras críticas de la patronal.

Denuncia

El debate sobre la polémica subasta no terminará solo con la decisión del Ejecutivo. El colectivo de funcionarios Manos Limpias y un particular han denunciado ante la Audiencia Nacional a las eléctricas. Manos Limpias las acusa de «fraude societario, estafa, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y defraudación de fluido eléctrico». Ahora, el juez dará traslado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si ve indicios de esos delitos.

Por otra parte, el déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos vía peajes y los costes de la actividad regulada) alcanzó los 4.480 millones de euros hasta octubre, según la CNMC.