El abogado de Bárcenas sugiere que si su cliente estuviera libre ayudaría más

Javier Gómez de Liaño, el abogado de Luis Bárcenas, en prisión provisional desde el 27 de junio, dejó caer ayer en la Audiencia Nacional que si su cliente estuviera en libertad «habría más información» y colaboración a disposición al juez instructor del caso, Pablo Ruz.

El letrado, exmagistrado del tribunal central, hizo esta sugerencia en la vista celebrada ante un tribunal de la Sala de lo Penal, en la que se dirimió la excarcelación del extesorero del PP. Gómez de Liaño puso especial énfasis en la colaboración judicial de su patrocinado, sobre todo en la causa sobre la supuesta contabilidad B del PP, aunque aseveró que «una cosa es colaborar y otra es hacer el trabajo de la Udef», la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Judicial, en referencia a las acusaciones de Ruz de que no colabora con la investigación de su juzgado.

La sala tendrá que resolver en próximas fechas la petición del abogado defensor, aunque la Fiscalía Anticorrupción se mantuvo firme y se opuso a su salida de prisión porque argumentó que se mantienen el «riesgo de fuga» y el imputado podría ocultar pruebas, según informaron fuentes jurídicas, ya que la vista de ayer fue a puerta cerrada.

Las representantes del Ministerio Público, Concha Sabadell y Concha Nicolás, en consecuencia, pidieron al tribunal que desestime el recurso de apelación presentado por Gómez de Liaño contra la decisión de Ruz de que Bárcenas siga en prisión.

A la petición de la acusación pública se han sumado los representantes de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y el Partido Socialista del País Valenciano, que ejercen la acusación popular en el procedimiento abierto por las supuestas finanzas secretas del PP.

Pablo Ruz rechazó en noviembre la petición de libertad del extesorero argumentando que tiene pendientes varias diligencias con el fin de «confirmar y delimitar su participación delictiva» en los hechos investigados y que la instrucción ha puesto de relieve «nuevos elementos fácticos que determinan la necesidad del mantenimiento» de esta medida.

También señalaba que el imputado sigue teniendo «una importante infraestructura patrimonial» que resulta «de difícil o compleja incautación y control judicial» y a la que habría transferido «fondos de procedencia indiciariamente ilícita» tras conocer que estaba siendo investigado en febrero de 2009, tras estallar el 'caso Gürtel'.