Denuncian cuatro casos de presunta corrupción urbanística ya prescritos

Denuncian varios «posibles casos de corrupción urbanístico» en las últimas décadas que no llegaron a ser aclarados ni investigados. Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD), a través de su portavoz en la Sierra de Cádiz, Ezequiel Hinojo, se ha solicitado al Ayuntamiento de Prado del Rey que haga públicos unos hechos supuestamente irregulares y que «se tomen medidas legales ante la Fiscalía Anticorrupción en el caso de que procedan los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y usurpación de monte público».

En concreto, Hinojo denuncia por un lado la usurpación de dos parcelas que eran de propiedad municipal, de unas diez hectáreas en total, por parte de dos vecinos de la localidad «uno de ellos un exconcejal de Urbanismo de CDS». Por otro, la formación asegura que se han podido cometer los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la venta, presuntamente irregular, de «unos terrenos segregados de la finca municipal Cerro Verdugo a Telefónica y a Canal Sur, por aproximadamente un millón de pesetas, cuando debieron ser segregados de una finca privada».

Estas actuaciones, que UPyD denuncia irregulares, se llevaron a cabo hace más de 20, 30 y 40 años, según el caso, por lo que desde esta formación se reconoce que han prescrito, aunque reclaman que «se diriman responsabilidades ante la ciudadanía, la cual debe conocer estos gravísimos hechos». Esta formación política hace esta valoración tras revisar un completo dossier de documentos oficiales sobre el caso en concreto, facilitado por antiguos miembros de la Corporación Local de los años 90, al tiempo que solicitan que «dejen de coger polvo en los cajones y se brinden a la opinión pública y, sobre todo, a los propios ciudadanos de Prado del Rey».

En concreto, desde UPyD destacan que la usurpación de la primera finca por parte de un vecino se llevó a cabo en los años 70; la venta de antena a Telefónica y la usurpación de la parcela por parte del exedil en los 80; y la venta de la antena a Canal Sur en el 1994.

Desde UPyD critican la «pasividad» de los últimos gobiernos locales, tanto el antiguo de Fernando Pérez (PSOE) como el actual de José Ramón Becerra (PP), y exigen a este último que investigue los hechos y que «en el caso de haber delito lo comunique de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción para que se depuren responsabilidades penales y políticas».