Aguilera «conocía las ilícitas consecuencias de la ilícita partida» de los ERE fraudulentos

El ex director general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera, «conocía las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria», pero pese a ello realizó dos modificaciones presupuestarias inadecuadas. Así reza la imputación que la jueza Mercedes Alaya leyó ayer al alto cargo de la consejería de Hacienda, acusado de malversación y prevaricación y que, como su antecesor, Antonio Lozano, se negó a declarar y a firmar el acta por considerar que no recogía lo declarado.

Estas dos modificaciones fueron en diciembre del 2009 por 300.000 euros y en noviembre del 2010 «por nada menos que 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno, significando ambas un aumento de las transferencias de financiación» a costa del crédito destinado para la concesión de subvenciones.

Alaya afirma que Aguilera realizó un cambio «meramente aparente» en las partidas para seguir otorgando ayudas sin fiscalizar. Además, permitía «volver cuando fuera necesario al uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones».

Aguilera pidió un receso para estudiar la imputación que en ese momento se le comunicaba, al tratarse de «hechos largos y complejos que necesita leer y estudiar». Ante la negativa de Alaya denunció el «grave quebranto» de sus derechos y se negó a declarar.

Su abogado, José María Mohedano, dijo tras la vistilla que su cliente había declarado por extenso como testigo ante la Guardia Civil en agosto del 2012 y lo hizo «sin abogado y con obligación de decir la verdad», por lo que carecía de las garantías que ahora tiene como imputado, y manifestó su extrañeza por la posición de la jueza respecto a esa declaración cuya anulación pidió. «Parece que la Guardia Civil está haciendo una instrucción paralela», manifestó. «Están ocurriendo cosas gravísimas», dijo.

El letrado rechazó que las acusaciones particulares realicen peticiones de responsabilidades civiles, como hizo ayer el PP y Manos Limpias. La primera lo dejó a criterio de la jueza y la segunda pidió 20 millones, mientras la fiscalía no solicitó medida alguna. Mohedano se basará en este extremos en su recurso de la fianza de 46,6 millones fijada a Antonio Lozano, así como recurrirá el auto que e permite a varios imputados compatibilizar abogados, porque contiene «ilegalidades» como «conminarnos a que desistamos de recurrir», declaró.

La vista, aunque breve, no estuvo exenta de incidentes. Así, el representante de Manos Limpias llegó a acusar a la Fiscalía Anticorrupción de obedecer «instrucciones políticas» al no pedir medidas cautelares para Aguilera.

«Trato privilegiado»

Por otra parte, la acusación que ejerce el PP-A se ha opuesto al recurso que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra el auto en el que la juez Mercedes Alaya señalaba a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros cinco exconsejeros. El PP-A critica el «trato privilegiado diferencial que solicita» el Ministerio Público para estos aforados.

El PP considera que el recurso de la Fiscalía se contradice con su actuación en los recursos planteados por otros imputados, como el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el exdelegado provincial de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas, o el escrito que la Fiscalía presentó en contra del recurso de la Junta a la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta.