«Imputar a Chaves y Griñán extiende la corrupción a toda la etapa socialista»

El caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha dado un golpe de timón que, aunque esperado, no deja de ser sorprendente. La juez que investiga este caso de corrupción, Mercedes Alaya, dictó ayer un auto en el que comunica la existencia del procedimiento «en calidad de imputados» a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados al tratarse de diputados en el Congreso o de parlamentarios andaluces. La decisión de Alaya toca directamente a uno de los iconos del socialismo gaditano como es Chaves, cabeza de lista del PSOE por la provincia en las generales de noviembre de 2011.

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, manifestó ayer a LA VOZ que la decisión judicial «pone bajo sospecha a todo el sistema de la Junta en materia de ayudas». En este sentido explicó que uno de los programas con grandes sombras de dudas es el Plan Bahía Competitiva, encargado de alentar la reindustrialización de Cádiz.

En el auto, la magistrada comunica la existencia del procedimiento «en calidad de imputados» y a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tanto a Chaves y Griñán como a los exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo. En este sentido, el máximo responsable del PP en Cádiz, Antonio Sanz, destaca que el auto «traslada un mensaje de corrupción a toda la Junta y con la imputación de Griñán y Chaves se extiende la sospecha a toda la etapa socialista que ha gobernado durante la última década».

Vinculación con Cádiz

El expresidente de la Junta, Manuel Chaves ha sido desde 1977 hasta 1990 diputado por Cádiz en el Congreso y, en esa etapa, concretamente entre 1986 y 1990, fue ministro de Trabajo con Felipe González. Ese año abandonó su labor en el Congreso para optar a la presidencia de la Junta y se presentó a las elecciones autonómicas por la provincia de Cádiz. Chaves obtuvo cinco mayorías en sus 19 años de gobierno autonómico, siempre vinculado a la provincia de Cádiz. Abandonó la Junta en 2009, le pasó el testigo a José Antonio Griñán, para incorporarse como vicepresidente tercero del ultimo gobierno de Rodríguez Zapatero. Para Antonio Sanz, «la imputación de los dos expresidentes de la Junta supone un ataque directo al esqueleto del PSOE, lo que significa, que no se trata de un problema a de personas sino de un partido en su conjunto».

El auto de la juez se conoció ayer durante la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz. La juez Ayala ha dado traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a todos ellos a fin de que puedan personarse en la causa «si ese fuera su interés». A partir de ahora es el Tribunal Supremo el que tendrá que decidir si el caso pasa a su jurisdicción o, por el contrario, autoriza a la juez Alaya a continuar con la investigación a la espera de que decida sobre la imputación de los aforados. Desde las filas del PP gaditano se ha puesto de manifiesto que el caso de los ERE fraudulentos ha sido una pelota que ha ido creciendo en el tiempo hasta tocar techo. En opinión de Antonio Sanz, el auto de la juez Alaya refleja que «el PSOE ha vendido humo y el discurso de cambio que ha protagonizado la nueva presidenta de la Junta es una farsa, porque todo está manchado».

La juez dice ser «consciente» del «efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios sobre dichas personas -los aforados-, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar a ella, y finalmente como inculpados por el tribunal superior si procediere».