Los vecinos piden luz y agua antes de la regularización que prevé el PGOU

Los vecinos de las áreas que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de El Puerto regularizará solicitan que el Ayuntamiento articule algún mecanismo «legal» para dotar a las viviendas de luz y agua mientras llegan la deseada legalización y la urbanización.

Así lo solicita José Antonio Castro, presidente de Coave, quien insta al Consistorio a que «a través de un decreto o una ordenanza» permita «que vecinos que tienen las acometidas prácticamente en la puerta de sus casas» puedan engancharse a la red de abastecimiento y al suministro eléctrico «provisionalmente».

La razón por la que se pide esto no es otra que el hecho de que, pese a que el PGOU entrará en vigor en breve, «habrá quien tenga que esperar entre ocho y doce años a que se desarrolle su Área de Regularización (ARG)», apunta Castro. Cabe recordar que el Plan General está a la espera de que la Junta de Andalucía dé el visto bueno definitivo y lo publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), una vez que el Pleno local aprobó la subsanación -a instancias de la administración regional- de algunos errores constatados en el documento.

La petición realizada, apunta el representante de gran parte de los residentes en el extrarradio, no es descabellada, ya que «prácticamente en todas las Áreas de Regularización, las antiguas Emas, hay proyectos legales desarrollados por los Gobiernos municipales correspondientes y la Junta de Andalucía, y en ninguno ha habido alegaciones».

En este sentido, Castro apunta que si bien puede argumentarse que en el caso del suministro eléctrico «esto se permitió por ser privadas las empresas», la historia con el abastecimiento de agua es la misma, con la única diferencia de que « la empresa de agua Apemsa es pública», a pesar de lo cual «también se aprobaron».

Dicha «cuestión legal» que reclaman los propietarios de las parcelas y viviendas levantadas fuera del planeamiento actual, también tendría que ir encaminada a permitir «el arreglo de los accesos de las Áreas de Regularización», que no pueden esperar al desarrollo futuro.

Coave ha llevado el asunto a Pleno en alguna ocasión, en un intento de arrojar luz sobre una cuestión que «nos preocupa bastante» y la que «una ordenanza o reglamento del Ayuntamiento podría hacer realidad».

Desde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos subrayan que «tenemos claro que la urbanización la vamos a pagar nosotros», por lo que son conscientes de que las propuestas que hacen se harían con «cargo a los vecinos». Unos propietarios que, por otra parte, ya «pagamos IBI urbano por las casas y rústico por las parcelas». Castro recuerda que «en La Caridad, por ejemplo, llevan muchos años pagándolo» y en el resto de áreas pendientes de desarrollo «prácticamente todos pagan ese impuesto».

A este respecto, el temor que existe ahora es que, una vez entre en vigor el anhelado PGOU, «el Ayuntamiento pase a cobrarnos todo el IBI como urbano, aunque la urbanización en algunos casos tarde entre ocho y doce años, si se lleva a la práctica», concluye José Antonio Castro.